Fallaron los supervisores

De los múltiples diagnósticos de esta crisis financiera, los fallos de mercado, las malas prácticas de evaluación y gestión de riesgos de los operadores y las insuficiencias de los supervisores han sido repetidamente destacadas. En EE UU, algunos de los responsables privados y públicos han admitido esos errores, aunque muy pocos han pagado por ellos. En Europa, las autocríticas de los supervisores bancarios han sido mucho menos frecuentes, a pesar de que la información disponible y la capacidad de influencia sobre sus supervisados era igual que al otro lado del Atlántico. Casi cuatro años después de la explosión de aquella crisis en el mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidenses resulta que son los bancos europeos los que tienen más dificultades para cumplir con las tareas de intermediación financiera para las que fueron autorizadas. El caso español es uno de los que con más crudeza ejemplifican esa dificultad.

Al inicio de la crisis se mencionaba, con razón, la solvencia de los bancos y cajas de ahorros españoles, basada fundamentalmente en el celo que el Banco de España había ejercido en sus tareas como supervisor. El escarmiento derivado de las crisis bancarias sufridas en el pasado parecía haber actuado como vacuna aparente contra el contagio estadounidense. No fue así. Ninguno de los gobernadores de esa institución durante el largo periodo de acumulación de activos inmobiliarios fue suficientemente diligente para actuar frenando la concentración a todas luces excesiva en ese tipo de activos peligrosos para la solvencia de las entidades. Los Gobiernos responsables en esa larga década expansiva, en especial los gestores durante las dos legislaturas del PP que convirtieron la burbuja inmobiliaria en motor de crecimiento, minimizaron igualmente el alcance de esa creciente exposición, a pesar de la frecuencia con que fueron advertidos de la urgencia en cambiar el patrón de crecimiento, demasiado especializado en construcción residencial y actividad inmobiliaria. La contribución de este sector en el valor añadido bruto de la economía y en el empleo duplicaba la correspondiente en la anterior crisis inmobiliaria, 12 años antes, y el promedio de las economías de nuestro entorno.

El Banco de España podría haber limitado la proactividad crediticia en la inversión inmobiliaria. Tanto con decisiones regulatorias como de inspección, podría haberse evitado que los activos de naturaleza inmobiliaria alcanzaran ese 50% de los activos totales del sistema bancario que significaban al inicio de la crisis. El Banco de España tenía autoridad para intervenir activamente, entre 1999 y 2007, contra la burbuja en marcha. Por ejemplo, aumentando la relación entre garantías y valores en los préstamos o supervisando estrictamente la acción de las tasadoras. Pero no lo hizo, quizá para no enfrentarse a Gobiernos que sostenían políticas económicas erróneas o porque confiaba en una moderación paulatina de la producción y los precios del ladrillo. Para los ciudadanos resulta inquietante esta debilidad política manifiesta en una institución con una sólida imagen de independencia. Sería bueno que el Banco de España revisara críticamente su cometido en una crisis que sigue teniendo en la paralización del sistema bancario el principal obstáculo para la recuperación del crecimiento económico y del empleo.