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Reportaje:

Griñán, en la pista de baile

Tormenta política por la declaración de Aguayo de que no informó al presidente del informe de Intervención - Arenas y Valderas piden que dimita

Carmen Martínez Aguayo ha sacado a bailar al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y lo ha dejado solo en la pista de baile, con más focos que nunca. La confesión de la consejera de Hacienda y Administración Pública, el pasado viernes, de que no informó a Griñán de los informes de la Intervención General, donde se ponían serios reparos al procedimiento administrativo escogido para tramitar los polémicos ERE y las ayudas a empresas en crisis, la ha situado en el centro de la tormenta. Pero lo que es peor, es que no va a lograr blindar a Griñán de las consecuencias políticas de los ERE, según estiman varios socialistas, perplejos con la "inmolación" de Aguayo.

La abogada de Guerrero denuncia que se le impidió defenderlo

La letrada presenta un escrito de protesta ante la juez del caso

La consejera ha dejado aún más desconcertados a los ya de por sí desorientados socialistas, que aventuran, además, que la juez del caso la llamará, al menos, como testigo. La oposición pidió ayer su dimisión. "Su intento por tapar [a Griñán] la honra personalmente, aunque la inhabilita" como cargo público, dijo ayer el presidente del PP, Javier Arenas, para quien "no hay quien se crea" las palabras de Aguayo de que Griñán "no conoció los informes de la Intervención porque no los tenía que conocer". El PP va a pedir la comparecencia en el Parlamento de los interventores de la Junta.

El coordinador de IU, Diego Valderas, pidió la dimisión de Aguayo al tener una "responsabilidad directa y reconocer su actitud negligente frente a la advertencia de la Intervención"..

El informe de la Intervención General de 2005, 2006 y 2007 consideraba no adecuado el procedimiento seguido para tramitar las ayudas de Empleo y estimaba que estas se habían tramitado "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". La misma afirmación hace la policía judicial en un escrito en relación al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Este informe no era vinculante y en las auditorías aleatorias que se hicieron de 20 convenios de concesión de ayudas no se detectó menoscabo de fondos públicos, entre otras cosas, porque los interventores dieron por buenos los listados de prejubilados que venían en los expedientes. Cuando se emitieron las advertencias, el consejero de Economía y Hacienda era José Antonio Griñán y Martínez Aguayo, la viceconsejera.

La información sobre los avisos de la Intervención estaba publicada por todos los medios. Se conocía desde el pasado 8 de febrero cuando informó en conferencia de prensa la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. La también portavoz del Gobierno volvió a repetir el martes pasado lo mismo sobre los informes y anunció querellas contra quienes calumniaran al presidente de la Junta.

Por eso, la comparecencia de Aguayo provocó una total confusión, porque realmente no aportó nada que no se supiera. La novedad fue su declaración de que no informó a Griñán de que la Intervención había puesto reparos a la tramitación de unas ayudas de las que, ahora se sabe, se han beneficiado irregularmente 149 personas, es decir, que sí ha habido quebranto de fondos públicos. "El presidente no conoció los informes porque no los tenía que conocer y porque en ningún caso la Intervención General detectó menoscabo de fondos públicos", dijo Aguayo.

Varias fuentes consultadas atribuyen al entorno del presidente de la Junta la idea de que la consejera saliera en su defensa poniéndose de cortafuegos, cuando en realidad lo ha puesto en primer plano y ha brindado al PP una munición política inesperada. Hasta ahora había sido el consejero de Empleo, Manuel Recio, pero sobre todo, Mar Moreno, los que estaban soportando la presión diaria del caso de los expedientes de empleo.

"Si alguien piensa que esto es un cortafuegos es que está mal de la cabeza", asegura un dirigente socialista. "Lo que ha hecho Carmen Martínez Aguayo no es quitar al presidente de en medio, sino meterlo todavía más", afirma otro. Un tercero apunta que Griñán "no va a poder mantener como consejera a una persona que ha reconocido que le ocultó información cuando era su viceconsejera".

La perplejidad además es total porque el PSOE había logrado acotar el escándalo de los ERE, después de la comparecencia de Manuel Recio en el Parlamento, con la que el Gobierno daba por finalizada su investigación interna, aunque aún quedan por revisar cuatro expedientes. Hay 146 casos irregulares, de los que 87 son sospechosos por fallos administrativos y 59 son intrusos (ver gráfico). Los militantes socialistas implicados (y expulsados) son nueve.

Estos datos le permitían al PSOE elaborar un mínimo argumentario para unificar discurso en todos sus actos políticos y comparecencias públicas. El caso es grave, pero no se puede hacer una causa general contra los socialistas, ni crear alarma social, el Gobierno ha sido el que ha destapado los casos, el PSOE ha echado a los que han metido la mano, vienen a decir, utilizando los mismos porcentajes que usó Recio en su comparecencia de que "el 99% de las ayudas no han tenido ningún tipo de problema".

Pero la "autoinculpación" de Aguayo ha puesto otra vez el foco en el informe de la Intervención General, cuando Griñán era consejero de Economía y Hacienda. Y la oposición no la va a dejar de desaprovechar.

Además, la vía judicial del caso seguirá avanzando. Ayer la cadena SER informó de que la abogada del exdirector general ha presentado un escrito en el juzgado en el que denuncia que la policía le "ha impedido" defender a su cliente cuando Guerrero fue el viernes a declarar ante al policía. Según la letrada, el "inspector don Rafael" le dijo a Guerrero: "Como quedamos ayer, vas a declarar sobre los puntos que te dije". Ante lo "irregular" de la situación, la abogada le aconsejó que solo declarase a "presencia judicial", a lo que el inspector reaccionó "enfurecido" obligándola a abandonar el despacho. Según el escrito de la abogada, el inspector le dijo a Guerrero que "si no declaraba lo dejaba detenido en los calabozos". La letrada asegura que Guerrero estaba "aterrorizado" y era preso del "miedo".

Guerrero declaró a la policía, con un abogado de oficio, que informó de sus decisiones a los exconsejeros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de marzo de 2011