El PSPV pide la destitución de la abogada del Estado en el 'caso Fabra'

El secretario general del PSPV de Castellón, Pep Grau, instó ayer a la Subdelegación del Gobierno a solicitar la destitución de la abogada del Estado jefa en Castellón, Bárbara Aranda, por la "falta de diligencia" en el caso Fabra. La Abogacía del Estado presentó, fuera de plazo, el recurso contra la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuando es la que representa a la Hacienda Pública, máxima perjudicada por el supuesto fraude cometido por Fabra y su exesposa, María Amparo Fernández, que asciende a 1,7 millones de euros.

Según Grau, "los funcionarios públicos deben asumir la responsabilidad por los fallos de su gestión" por lo que exige que se "depuren las responsabilidades pertinentes". "La consecuencia más grave es la repercusión que estos sucesos tiene en la opinión pública, que acaba considerando que la Justicia no es igual para todos", señaló Pep Grau, quien considera que es "inaceptable" que un personaje público "de la catadura moral de Fabra se esté aprovechando de los errores o negligencias de la Administración de Justicia para intentar salir indemne de las graves acusaciones de corrupción que se le imputan".

Averiguaciones

Sin embargo, fuentes de la dirección provincial se pronunciaron de manera más sutil y arguyeron, sin entrar a valorar la petición de destitución, que "deben realizarse las averiguaciones pertinentes para conocer cómo se han gestionado los plazos y el recurso". Y de la misma manera se manifestaron fuentes de la dirección autonómica del PSPV.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Antoni Lorenzo, defendió que, en cualquier caso, "la defensa de los intereses del Estado estará presente en ante el Tribunal Supremo", que es ante el que sí han presentado sus escritos, y en plazo, la fiscalía y la acusación popular. Los argumentos de la Abogacía del Estado pueden incluirse, como alegaciones, cuando esta se adhiera al recurso de la fiscalía, que es la única fórmula con la que cuenta para defender que se mantenga el procesamiento sobre esos cuatro supuestos fraudes.