El PP boicotea la constitución del nuevo Consejo Audiovisual

Por si el Parlamento de Andalucía no fuera un terreno de juego lo suficientemente grande para que los partidos diriman sus disputas políticas, el PP ha decidido ampliarlo también al Consejo Audiovisual. Este órgano va a costar a los andaluces este año 6,6 millones de euros. Sus miembros están en nómina de la Junta de Andalucía desde finales de febrero, pero todavía no han sido capaces de sentarse juntos en una mesa. Prácticamente desde que se creó hace cinco años es más conocido por sus miserias -un consejero denunció comidas sin justificar de sus compañeros- y por las peleas entre sus integrantes, que por sus informes, una situación que el anterior presidente, Juan Montabes, intentó enderezar.

Los populares recurrirán a los tribunales la elección de la presidenta

Los consejeros prometieron o juraron sus cargos el pasado día 2 en el Parlamento, pero fue imposible que se celebrara la constitución del órgano y la elección de un presidente, ante la ausencia de los cuatro consejeros propuestos por el PP. El partido que dirige Javier Arenas quiere una vicepresidencia en este órgano, como se acordó en julio de 2008, en el propio consejo. Lo que ocurre es que ese apéndice directivo no puede crearse mediante una reforma del Reglamento interno, sino por un cambio en la ley de creación del consejo. Si hay voluntad política para modificarlo, esto se haría en un pispás, pero lo que está claro es que no la hay. Para colmo, el Reglamento del Consejo Audiovisual tiene unos boquetes legales muy significativos que obliga a que para convocar los plenos del consejo tengan que estar presentes todos los integrantes. Es como una pescadilla que se muerde la cola, pero no a precio de pescadilla.

Así las cosas, los seis representantes del PSOE y uno de IU celebraron ayer un pleno de acuerdo con la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a la que siguieron sin ir los propuestos por el PP. Y propusieron como presidenta a la ex senadora socialista Emelina Fernández Soriano, cuyo nombramiento debe aprobar el Consejo de Gobierno. La mayoría se basa en un informe jurídico interno del 4 de marzo pasado para revestir de ropaje legal su decisión, "con la finalidad de evitar la paralización y bloqueo actual del funcionamiento de la institución". El Consejo informó anoche en una nota de prensa de esta decisión.

Los consejeros a propuesta del PP también emitieron un comunicado nocturno en el que anuncian su intención de recurrir ante los tribunales la reunión en la que se eligió a la presidenta. También esgrimieron un informe jurídico con fecha del 4 de julio de 2008 para reforzar sus tesis. Los dos dictámenes están firmados por la misma persona.

En la nota, los representantes a propuesta del Partido Popular califican de "ilegal" la convocatoria del pleno y proclamaron: "No podemos permitir un nuevo atropello que prolongue la situación caótica, sectaria y seguidista de la Consejería de la Presidencia que ha caracterizado" el consejo desde la etapa de Montabes. Y añaden: "No se puede exigir pluralidad a los medios públicos de Andalucía (...) cuando las normas y el pluralismo son vulnerados en el seno del organismo encargado de velar por ellas".