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Reportaje:

Las víctimas gallegas de Ruiz-Mateos

Clesa lleva dos meses sin pagar la nómina de sus 160 empleados en Caldas - Nueva Rumasa debe 3,7 millones de euros a cerca de 200 ganaderos

María Fernández

La fábrica de yogures de Clesa en Caldas de Reis brilla como si acabasen de estrenarla. En uno de los laterales, un enorme cartel recuerda que la última reforma fue financiada con fondos europeos. Han pasado 32 años desde que se fundó, primero como Lácteos del Atlántico, luego bajo la batuta de Parmalat. En todo ese tiempo "nunca dejó a deber ni una nómina", puntualiza José Luis Lorenzo, que lleva 27 empleado. El último cambio de manos, en 2007, puso a la familia Ruiz-Mateos al mando. "Dicen que compró todas las fábricas de Clesa por 190 millones, incluida Cacaolat en Barcelona, pero vete tú a saber", analiza un compañero. Ya no se creen nada, y menos el eslogan con el que Nueva Rumasa conseguía inversores: "Comprometidos con el empleo". Les deben dos nóminas y, a los que no la tienen prorrateada, la paga extraordinaria de Navidad. El viernes se concentraron en protesta delante de la puerta -el vigilante no dejó pasar a los medios de comunicación más allá-, para pedir una solución al coma inducido por la crisis que atraviesa el holding de la abeja.

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El convencimiento de que la fábrica de Caldas es una empresa rentable está firmemente instalado en los 160 empleados que tiene en Caldas de Reis porque, entre otras cosas, hace seis meses trabajaban en tres turnos, mañana tarde y noche, incluidos sábados y domingos. "Lo paradójico es que este podría ser un buen momento para Clesa, que ofrece lácteos baratos y tiene una marca reconocida", analiza un directivo del sector. El flan, los yogures o los petit que salen de las líneas de producción gallegas tenían un lugar destacado en las neveras de todos los supermercados. La cadena se rompió cuando el grupo dejó de pagar la materia prima.

Según denuncia el sindicato Unións Agrarias, la deuda con las empresas que adquirían leche a 523 explotaciones ganaderas asciende a 3,77 millones de euros. Unos 200 ganaderos se han quedado colgados con facturas de entre 6.000 y 10.000 euros.

Los trabajadores también se ven con las manos atadas. No pueden abandonar su puesto porque perderían la indemnización, "y la mayoría llevamos aquí toda la vida", destaca Lorenzo. Luis Marcos no pertenece a ese grupo. "Llevo dos años. Y menos mal que mi mujer trabaja porque tenemos dos hijas". No le importaría abandonar si las cosas siguen poniéndose feas. A su lado, Goretti Freire, de 26 años y técnica como él de calderas, le replica que no va a renunciar a sus derechos. Ambos viven por la zona, como la mayoría de las personas que forman la plantilla de Clesa. "Habrá un 50% de gente de Caldas y el resto de Ridabumia, Cuntis, Moraña...", analiza el alcalde, Juan Manuel Rey, que también tiene un hijo empleado en la factoría láctea.

El municipio registra un nivel de paro envidiable en los tiempos que corren. Según el Instituto Nacional de Estadística hay 1.080 personas buscando trabajo, el 10,7% de la población total, un porcentaje que aún es más bajo si se toma como referencia la población activa. Aunque la crisis de Clesa no pasa desapercibida. "Además de los puestos de trabajo directos genera un movimiento enorme de camiones y de puestos indirectos", asegura el regidor. La presidenta del comité de empresa, Lola Ramos, levanta el ánimo pese a las malas noticias sobre el grupo que lee casi cada día en la prensa. "Está claro que esto puede ir para delante si hay voluntad. Es una buena empresa con un buen producto", insiste. Sabe que la plantilla está unida y eso es fundamental para encarar los próximos meses, que se auguran tensos. Mientras, se prepara para acudir a la gran manifestación del próximo sábado en Madrid contra la gestión del grupo de José María Ruiz-Mateos.

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Vecinos al asalto

La fábrica existe gracias a una curiosa guerra que libraron los vecinos en el año 1976 y que por los pelos no provocó una desgracia. Lácteos del Atlántico, empresa fundadora de la factoría, había encargado la obra a Malvar, pero el proyecto se congeló a medio hacer por desavenencias entre la constructora, que pedía más dinero para terminar la planta, y los propietarios, que creían que aquello no respondía al acuerdo. Marisa Cascallar y su marido, Adolfo Abalo, que fue el primer alcalde de la democracia bajo las siglas del PSOE, recuerdan que un numeroso grupo de vecinos decidió entonces organizar lo que se llamó "la marcha verde", aunque un tanto distinta de la del Sahara. "Nos escondimos unas 200 personas en el bosque cercano. Teníamos acordada una señal, de tres bocinazos, para meternos en la finca, retener a los vigilantes y cortarles la comunicación por radio con la central de Pontevedra", recuerda Marisa. "Estaban armados pero no ocurrió nada". Durante varios días un retén popular forzó "la retirada", de Marvar para que Lácteos del Atlántico recuperase el dominio sobre la obra, que finalmente encargó a otra empresa. Abalo, uno de los cabecillas, recibió poco después la visita de la Guardia Civil. "No pudieron demostrar nada", sonríe.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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