Un complicado retorno

La sentencia ha llegado tarde. Las obras del trasvase del río Castril ya están muy avanzadas. El Tribunal Supremo, tras años de polémica, ha ordenado la paralización de este proyecto que afecta al municipio de Castril, ubicado en el norte de la provincia de Granada.

El río homónimo es el principal valor de las más de 12.000 hectáreas que componen el Parque Natural de la Sierra de Castril, declarado en 1989. El pueblo, cuyo conjunto histórico es Bien de Interés Cultural (BIC), nace ligado al río y en su valle residen sus principales riquezas ambientales. Las obras del trasvase del río Castril, que tienen como objetivo abastecer a la comarca de Baza, pusieron en pie de guerra a un grupo de ciudadanos y colectivos ecologistas hace años. Ahora, con buena parte del proyecto ejecutado, el Tribunal Supremo ha ordenado su inmediata paralización. "No tienen otro amparo ni cobertura" que las del real decreto de sequía de 2005, que fue anulado por este mismo tribunal en 2010.

El proyecto se sustenta en un decreto de sequía declarado nulo

El Defensor del Pueblo Andaluz también cuestionó las obras

La Plataforma en Defensa del Río Castril considera esta decisión una "victoria a medias". Han logrado que se paralicen las obras y las expropiaciones que en su día enfrentaron a los vecinos con la Guardia Civil. Pero la demolición de lo construido no se podrá hacer, dice el Supremo, hasta que "se conozca su estado y alcance", algo para lo que ha pedido un informe al Ministerio de Medio Ambiente. En marzo de 2010, el Supremo dictó la sentencia y el ministerio fue requerido para ejecutarla voluntariamente. Sin embargo, sus actuaciones han puesto en evidencia "su decisión de no dar cumplimiento al fallo", sostiene el Supremo.

La Subdelegación del Gobierno llegó a negar que las obras estuvieran afectadas por la anulación del decreto que pretendía corregir la sequía en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

La plataforma también ha pedido a la fiscalía que se depuren responsabilidades. Las administraciones hicieron "caso omiso" a dicha resolución y siguieron ejecutando un proyecto presupuestado inicialmente en 10,5 millones.

La historia de este proyecto es singular. La conducción de abastecimiento a Baza desde aguas abajo del embalse de El Portillo (unos 40 kilómetros) nació mediante la vía de urgencia y fue declarada de emergencia al amparo del decreto de sequía de 2005. Sin embargo, entre los años 2004 y 2008, la sequía no afectó al abastecimiento de Baza.

Si bien eso no implica que el trasvase sea "innecesario", lo cuestionable, al menos así lo ve en un informe el Defensor del Pueblo, es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no adoptara en paralelo "medidas para modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico", como no otorgar nuevas concesiones o extremar el control sobre aprovechamientos ilegales. Además, la construcción apenas había empezado cuando desapareció la sequía.

La controvertida obra para captar agua, que ha enrarecido el ambiente en el municipio, no cuenta tampoco con declaración de impacto ambiental. "No tiene afección ambiental alguna", según sostiene la Confederación en la documentación que remitió al Defensor. Este lo considera "grave", ya que recuerda que todos los proyectos de obra tienen su declaración. Y, en ese sentido, abunda que "no estima ajustado al ordenamiento jurídico" ejecutar una obra pública, con impacto ambiental, por "una presunta necesidad no verificada, sino potencial de garantizar el abastecimiento en circunstancias futuras".

El presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, no entiende tampoco cómo se pretende hacer la captación en pleno BIC. El salto del agua donde se pretenden instalar las tuberías están en un salto de agua ubicado en denominada Peña, declarada Monumento Natural. La protección de este lugar se extiende aún 500 metros más abajo.

No se oponen a la captación, pero fuera del entorno protegido y con un proyecto que se ajuste a la legalidad y "no dañe al río", que es su principal fuente de riqueza natural.