Exculpados los acusados en el soborno de San Fulgencio, salvo el denunciante
El juez ha dado carpetazo al caso del supuesto soborno de San Fulgencio y ha archivado la causa para los 12 imputados, todos salvo el protagonista y denunciante, el edil independiente, Manuel Barrera. El titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, en un auto dictado el pasado 23 de febrero, no cree probados los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos que se les imputaba a los acusados, entre ellos, la alcaldesa de la localidad, la socialista Trinidad Martínez.
Sin embargo, el juez sí considera que el edil Barrera cometió un supuesto delito de cohecho y en el mismo auto ha acordado incoar procedimiento de la Ley del Jurado contra él. Los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando se difundió un DVD que recogía una reunión entre Barrera y dos representantes de un grupo inversor en la que el edil se comprometía a impulsar un PAI del municipio a cambio de dinero. En la grabación se aprecia el momento en el que Barrera coge un sobre con 5.000 euros, primera entrega de un total de 240.000 en cuatro años.
El juez, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, arrestó primero al edil Barrera, que llegó a pasar dos días en la cárcel. El concejal siempre sostuvo que el DVD era un montaje para desacreditarle. Días más tarde, la policía culminó la operación con el arresto de la alcaldesa, cuatro ediles de su equipo de gobierno y el abogado del Consistorio, el letrado José Antonio Ramos Calabria. El magistrado los dejó en libertad con cargos y abrió un sumario por los supuestos delito de cohecho, prevaricación, encubrimiento y revelación de secretos.
Montaje
Dos años y cuatro meses más tarde, el magistrado considera que no se ha probado ninguna de las acusaciones ni la participación de los imputados en el montaje del falso soborno. Tampoco cree que la alcaldesa, Trinidad Martínez, cometiera prevaricación al destituir al edil Barrera tras la difusión del DVD. En el caso del abogado José Antonio Ramos Calabria considera que no está probada su participación en la difusión de la grabación.
El juez mantiene el proceso a Barrera porque hay indicios indiscutibles de cohecho, entre otros, "el hecho de contemplar cómo el señor Barrera toma con sus propias manos una suma de dinero que asciende a 5.000 euros".
