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COLUMNA

Sordos

Cada vez hay más gente, y no solo entre las filas de la izquierda, que muestra su sorpresa por el hecho de que los numerosos casos de corrupción que salpican a la derecha española no parecen tener consecuencias electorales; pero debo recordarles a quienes así opinan que el que un determinado suceso resulte sorprendente, no implica necesariamente que sea, al mismo tiempo, inexplicable.

Para empezar, alguien debe pagar el coste político de la crisis, y desde luego, según todos los indicios, no va a ser el PP; y ello a pesar del gran número de comunidades autónomas y Ayuntamientos de los que ellos son responsables. Pero es que no es solo eso. El nivel de degradación que ha alcanzado la vida política e institucional en este país (y muy especialmente en la Comunidad Valenciana) ha venido a situar en el primer plano de las prioridades ciudadanas, de manera consciente o inconsciente, la urgente necesidad de regenerar la vida democrática española en su conjunto, sin que, para nuestra desgracia, los principales responsables de llevarla a cabo no se den en absoluto por aludidos.

Por eso ahora, plantear la batalla electoral en términos estrictamente ideológicos convencionales entre progresistas y conservadores resulta ya un empeño poco menos que imposible. Porque el problema no es que los ciudadanos se hayan hecho más de derechas de lo que eran, o que les dé ya igual todo lo que pase. El problema es que ante un panorama político tan desolador, han cerrado sus oídos a cal y canto a lo que ellos consideran que no es sino la letra pequeña del contrato social. No es que no les importen las opciones ideológicas. Es, sencillamente, que no entran a valorarlas porque ya no les otorgan credibilidad alguna.

Lo que la gente quiere escuchar hoy de un líder político no es que se declare más eficaz, honesto o democrático que su adversario, sino si tiene un plan suficientemente realista y detallado para garantizar que todos los políticos se vean obligados a ser eficaces, honestos y democráticos. No se trata ya de cambiar de políticos, sino de cambiar la forma misma de hacer política.

En consecuencia, mientras que no se garantice de manera efectiva la independencia y eficacia del poder judicial, la democracia interna en el seno de los partidos o el cambio hacia un sistema electoral mucho más abierto y cercano al ciudadano; mientras que no se arbitren medidas efectivas para imposibilitar la corrupción, impedir la manipulación de las televisiones publicas autonómicas o acabar con esa broma pesada que son las comisiones de investigación parlamentaria; mientras no se acometa una estrategia sostenida para mejorar la eficiencia de las Administraciones públicas, limitar el control sobre el urbanismo por parte de los Ayuntamientos y garantizar que los órganos del control de cuentas actúen de manera nítidamente independiente y en tiempo real; mientras todo ello no ocurra, y todo al mismo tiempo, los ciudadanos seguirán completamente sordos frente a las propuestas de carácter ideológico, vengan éstas de donde vengan.

La pregunta es ¿a qué, o a quién, están esperando los socialistas para tomar de una santa vez las riendas del proceso?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de marzo de 2011