La construcción debe 446 millones a la Seguridad Social

La construcción aparece en cualquier recoveco de la virulenta variante española de la crisis económica mundial. En este sector se han perdido más de un millón de puestos de trabajo y casi 100.000 empresas. Además, se agazapa detrás del aumento de la morosidad bancaria. La recuperación casi sería una realidad sin el ladrillo. La lista es larga, y alcanza hasta a la Seguridad Social. De los 1.714 millones de euros de aplazamientos que tenía reconocidos a finales de 2010, la construcción supone el 26%. Es decir, las constructoras e inmobiliarias debían al instituto público unos 446 millones, según sus propios datos.

"El peso de la construcción en los aplazamientos ha aumentado mucho con la crisis", explica el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar. Además, el ladrillo tiene efecto arrastre. Es el motor de buena parte de la industria manufacturera española. Y este, precisamente, es el siguiente sector que más protagonismo ha adquirido en los aplazamientos. Acumula el 15%. La lista la completa la hostelería y el comercio al por menor. También la construcción encabeza los fraudes al instituto público, acumula el 30% del total. Le siguen la hostelería y el comercio al por menor.

Los aplazamientos de pago de cuotas aprobados suman 1.714 millones

La industria manufacturera, ligada al ladrillo, es la segunda morosa

Pero estos 1.714 millones de retrasos reconocidos -o lo que es lo mismo, los concedidos por la Seguridad Social- no es todo el dinero que las empresas le deben. En realidad, la deuda global que contaba el instituto público en diciembre ascendía a 6.071 millones de euros. El grueso de esa cantidad procede de los retrasos de las empresas a la hora de pagar las cuotas. Sobre este monto global la Seguridad Social no facilita el detalle por sectores. No obstante, Aibar se apresura a aclarar que la distribución es muy similar a la que se observa en los aplazamientos reconocidos.

Estas demoras son lo que en la jerga de la tesorería se llama aplazamiento voluntario. Cuando una empresa se retrasa en el pago de la cotización, la Seguridad Social se pone en contacto con ella para que se ponga al día. Si no lo hace, cabe la posibilidad de que el instituto público conceda una prórroga -que puede ser de hasta cinco años- y es entonces cuando esa deuda pasa a considerarse un aplazamiento reconocido. Para que lo haga, la compañía tiene que demostrar su viabilidad futura, aclara Aibar.

Cuando la deuda supera los 30.000 euros, la empresa tiene que presentar avales y garantías de cobro. No obstante, la mayor parte de demoras de las más de 100.000 concedidas el año anterior están exentas de cumplir este requisito, ya que solo el 5% superaron la cantidad requerida.

La crisis ha golpeado las cuentas de la Seguridad Social. Se ve en el saldo final. La caída de la afiliación y el aumento del gasto en pensiones se ha traducido en 2010 en un superávit ajustado, que se hubiera convertido en déficit de no ser por los intereses que generan los más de 60.000 millones que tiene el fondo de reserva. Y también en los impagos. Antes de que comenzara la crisis la deuda total que contaba el instituto público ascendía a casi 4.000 millones, el año pasado superó los 6.000 y eso que de 2009 a 2010 experimentó una reducción considerable (más de 7.624 millones). Y la tasa de morosidad, aunque todavía se sitúa muy por debajo de la que tiene la banca, ha saltado del 1,03% al 2,5%.