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Las constructoras del plan urbanístico de Lezama piden al juez su anulación

Las empresas critican la "frenética tramitación" sobre el solar de la alcaldesa

Que dos constructoras se oponga a ejecutar una promoción urbanística que ellas mismas han impulsado es poco habitual. Más excepcional es que presenten una denuncia en los tribunales contra el Ayuntamiento. Es lo que ocurre en el municipio vizcaíno de Lezama, envuelto en la polémica desde hace año y medio por la recalificación de unos terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia.

El cambio -que suponía el paso de urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas, a urbanizables- se realizó en 2007 con la aprobación de las nuevas normas subsidiarias de Lezama. Pero este planeamiento fue declarado nulo en 2009 por el Tribunal Superior vasco, un fallo ya firme desde el 20 de enero, cuando fue ratificado por el Supremo. Sin embargo, en el último año el consistorio ha puesto en marcha todos los trámites urbanísticos de una sola de las actuaciones previstas, el llamado plan de Txupetxa que se pretende desarrollar en el solar de los Etxeandia: 52 pisos.

"Estamos ante una ilegalidad palmaria y evidente", apunta la demanda

Una operación muy cuestionada ya que, como consta en un auto judicial, los Etxeandia alcanzaron un acuerdo de compraventa con dos constructoras en febrero de 2007, ocho meses antes de la aprobación del paneamiento municipal. La clave es que dicho pacto fija el próximo abril como la fecha tope para que el Ayuntamiento ponga el suelo a disposición de los constructores. En caso contrario, los Etxeandia deben reintegrar los 2,2 millones ya cobrados (de los 5,5 acordados para toda la operación) más los daños y perjuicios.

Los constructores, tras encontrarse con el primer fallo negativo del Superior, no vieron clara su operación y en octubre ya anunciaron que se oponían a ejecutarla. Pero el Ayuntamiento hizo caso omiso y ha continuado con los trámites. Ayer, las empresas presentaron una denuncia en el Tribunal Superior en la que piden suspender la orden de la Diputación de Vizcaya que aprobó en diciembre el plan de Txupetxa. "Estamos ante un supuesto de ilegalidad palmaria y evidente", dice una de las demandas al afirmar que la anulación de todo el plan de Lezama conlleva "los instrumentos de ordenación inferiores". La denuncia apunta que el Ayuntamiento de Lezama no da "ninguna señal de actamiento" de los fallos judiciales sino que "al contrario" está inmerso es una "frenética tramitación" urbanística para ejecutar "una sola de las áreas dieseñadas en las normas susididarias anuladas: Txupetxa".

Esta actuación municipal "con toda celeridad" supone, según la constructora, una "política de hechos consumados que convierta a éstos en irreparables". Agrega que el conocimiento del fallo firme del Supremo debería ser "motivo automático para que la Administración mostrara su voluntad de acatamiento".

Esta no es la única denuncia contra el plan urbanístico de los Etxeandia. La plataforma vecinal Lezama Bizirik, que fue la que denunció las normas subsifidarias, ha anunciado la presentación de otra deamdna para suspender el plan de Txupetxa. El Ayuntamiento de Lezama guarda silencio desde el viernes pasado, cuando se conoció el auto del Supremo. En estos dos meses casi ha concluido todos los trámites para que se pueda urbanizar la parcela.

El plan especial

- El plan especial para acometer el proyecto de 52 pisos en los terrenos de familiares de la alcaldesa de Lezama fue aprobado el 20 de diciembre por la Diputación de Vizcaya. Deriva de todo el plan urbanístico de Lezama, en vigor desde 2007.

- El plan fue anulado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia vasco por no incluir previamente el informe de impacto ambiental. El Ayuntamiento recurrió y el 20 de enero, en un fallo firme, fue ratificado por el Tribunal Supremo, por lo que carece de amparo legal.

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