Feijóo se aferra a un trámite del fiscal e insiste en acusar a Unións Agrarias

El PP, las consellerías de Traballo y Presidencia y desde ayer también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han decidido emprender una huida hacia adelante para mantener vivas sus denuncias sobre una supuesta trama agraria para financiar ilegalmente al PSOE y "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales".

Ocho meses después de que el Gobierno gallego abriese sendas investigaciones -que de momento ha suspendido sin aportar ninguna prueba sobre las graves acusaciones vertidas por el PP- el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, contribuyó ayer a alimentar las sospechas sobre el sindicato Unións Agrarias. Como consecuencia de la investigación que el Gobierno gallego abrió al sindicato tras las declaraciones de altos cargos del PP, Unións Agrarias se querelló contra la Xunta, a la que acusa de desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa. Por este caso, la juez ha citado como imputados a los directores generales de Promoción do Emprego en la Consellería de Traballo y de Avaliación Administrativa en la de Presidencia. Ambos declararon en los juzgados de Santiago el martes sin que su comparecencia suscitase ninguna reacción en la Xunta.

La fiscalía pide una documentación sin decidir siquiera si judicializa el caso

Ayer fue Alberto Núñez Feijóo el que entró en escena. Lo hizo después de que su partido presentase una documentación en la fiscalía sobre las ayudas a Unións Agrarias para que indague acerca de un presunto fraude de subvenciones públicas. Bastó con que el fiscal que recibió la denuncia pidiese esa documentación a la Xunta para que el presidente, licenciado en Derecho, concluyese que eso es un indicio de irregularidades en el uso de fondos públicos. El trámite es una norma habitual del ministerio público, que cuando recibe una denuncia [en este caso presentada por el PP] tiene la obligación de estudiarla para ver si judicializa el caso. Pese a ello Feijóo concluyó que "la Xunta no inventa problemas porque cuando la fiscalía quiere incidir será porque ve indicios que necesita investigar. El Gobierno trasladará toda la documentación que pide la fiscalía y el juez, queda suficientemente claro que no es un contubernio político contra nadie sino que es una advertencia de que hay un presunto uso irregular de fondos públicos y eso es lo que hay que investigar. La Xunta trabaja para eso y por eso el procedimiento lo suspendió la Xunta hasta que el juez lo dictamine".

En realidad, el Gobierno gallego no ha paralizado las investigaciónes administrativas por estas diligencias que aún no han llegado a los juzgados, sino por la querella penal presentada por Unións Agrarias en la que acusa de prevaricación a la Xunta y que propició la declaración como imputados de dos altos cargos de Traballo y Presidencia.

Precisamente ayer, el viceportavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, pidió en el Parlamento una comisión de investigación que analice "el abuso de poder" de la Xunta y sus "ataques alas libertades" de sindicatos y partidos políticos". La iniciativa alude también a la inspección que la Consellería de Medio Ambiente pretende llevar a cabo en la vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez.

En relación con este caso y aludiendo a las querellas anunciadas por los socialistas, Feijóo aseguró que no se dejará amedrentar por las amenazas de denuncias y que el secretario general del PSdeG deberá "cumplir la ley la ley como cualquie rotro ciudadano".