El CSD reclama las pruebas a la juez

El Plan ADO de 2011 será más generoso que el de 2010, 12 millones de euros frente a 10,6 millones, y becará a 357 deportistas olímpicos, pero entre ellos no estarán, pese a haber hecho méritos, Marta Domínguez, Reyes Estévez, Nuria Fernández, Digna Luz Murillo, Eugenio Barrios y Estela García, atletas presuntamente implicados en la Operación Galgo contra el dopaje.

"Sus becas [entre 60.000 y 12.000 euros al año] quedarán congeladas mientras no haya una decisión firme sobre su culpabilidad o inocencia", dijo el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, quien recordó que una cláusula introducida en 2009 y firmada por los deportistas permite suspender cautelarmente la entrega del dinero a los implicados en posibles casos de dopaje. "Cuando tengamos en nuestro poder las pruebas que la investigación policial ha hallado [bolsas de sangre, planes de dopaje, sustancias...], podremos decidir", añadió.

Amparado en esta necesidad de dilucidar cuanto antes su implicación o no y para evitar que se pueda repetir el problema de la Operación Puerto (casi cinco años después, las federaciones no tienen las pruebas para sancionar a los deportistas supuestamente implicados), el Consejo Superior de Deportes (CSD) solicitó ayer mismo a la juez de la Operación Galgo los elementos de prueba de que disponga y espera una respuesta en unos 15 días.

"A diferencia de la Operación Puerto, la Operación Galgo se llevó a cabo estando en vigor la ley que penaliza el dopaje, con lo que habrá una mayor fluidez. Además, la juez ya accedió a nuestra personación en el sumario", dijo Lissavetzky; "de hecho, fue el propio juzgado el que el 10 de diciembre pasado nos envió una lista con los deportistas presuntamente implicados".

El presidente del CSD no quiso valorar la presencia de Murillo en la selección española de atletismo que disputará dentro de una semana los Europeos de París en pista cubierta. "Que responda a eso el presidente de la federación", apuntó.