"Conocimos las irregularidades a través de la prensa"

Interrogatorios de horas grabadora en mano a ganaderos y agricultores por parte de inspectores de la Dirección General de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, visitas simultáneas del departamento de Traballo a 13 sedes de asociaciones vinculadas a Unións Agrarias y un expediente de control financiero abierto por la Intervención General de la Xunta. Bastaron un par de declaraciones del secretario general del PP, Alfonso Rueda, y del portavoz del partido , Antonio Rodríguez Miranda, sobre una supuesta trama agraria "para sacar de la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y financiar campañas del PSOE", para que el Gobierno de Feijóo pusiera toda la maquinaria a andar hasta perseguir una red corrupta que -también son palabras de Miranda- "haría temblar los cimientos del PSOE".

El alto cargo de Presidencia dice que el investigado es el sindicato

La juez tramita una denuncia de Unións Agrarias contra el Gobierno gallego

Bouzada ve como trámite normal una investigación que nunca se hizo antes

Avaliación Administrativa no fiscalizó ninguna otra subvención

Ocho meses después, el personal de cuatro consellerías implicado en la investigación no ha aportado pruebas, siquiera un solo indicio, del supuesto escándalo aireado en su día por los dirigentes populares y convenientemente amplificado por los medios de comunicación autonómicos. Y eso que la Consellería de Traballo, reforzada por el equipo auditor de Presidencia, y la de Facenda ignoraron durante seis meses la causa abierta por un juzgado de Corcubión sobre el mismo caso, que les obligaba a inhibirse en favor de la Justicia, para seguir indagando por su cuenta. Ninguna de las consellerías ha desvelado evidencia alguna que ampare la grave acusación de financiación ilegal repetida por los dirigentes populares. Oficialmente la investigación administrativa está suspendida desde el mes pasado para no interferir en el proceso judicial.

La Consellería de Facenda no comunicó hasta ayer a Unións Agrarias la suspensión del expediente de control financiero de las subvenciones recibidas por el sindicato. El escrito firmado el 17 de febrero llega seis meses después de que el PP hubiese ampliado la querella que presentó en su día contra el alcalde de Muxía, Félix Porto, imputado y en el origen del caso por enviar a una trabajadora de Unións Agrarias a hacer campaña por su partido a Argentina.

Pese a que el proceso seguido por Facenda había completado todos los trámites ya en el mes de agosto a falta del último informe de los técnicos, según deja patente un documento oficial con membrete de la Xunta al que ha tenido acceso este periódico, la consellería ha demorado su conclusión hasta ahora, en que ha interrumpe la investigación supuestamente para no interferir en el proceso judicial, el mismo que no le impidió abrir el expediente en el mes de julio.

Con todos estos antecedentes, la hipotética trama agraria llegó ayer al Juzgado de Instrución número 1 de Santiago, donde el sindicato denunció a la Xunta por desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa. Allí, como imputados, declararon durante una hora y media los responsables de los dos departamentos que ordenaron la investigación, el director general de Empleo, Andrés Hermida Trastoy, y su homólogo al frente de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada.

Fuentes de la Xunta aseguraron que el primero de ellos ratificó ante la juez la documentación que ya le habia remitido el pasado noviembre. Esto es: que su departamento abrió la investigación a raíz de las acusaciones lanzadas desde la sede del PP cuando éstas tomaron cuerpo en los periódicos, y que las visitas a las oficinas de las entidades vinculadas a Unións Agrarias del pasado 7 de junio -antes de que el departamento de Traballo firmase la orden de inspección- fueron, en realidad, comprobaciones previas, no inspecciones, y que todos estos trámites no tienen nada de extraordinario. Lo aseguró el mismo cargo que en noviembre envió papeles al juzgado en los que sostenía que el objeto de las ayudas se consideraba cumplido en cuanto la entidad subvencionada demostraba que había contratado al personal con cargo al fondo de cooperación.

Jaime Bouzada, director general de la Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda, figura clave en las denuncias del PP, se negó a responder las preguntas de la acusación pero sí habló fuera para los periodistas. Y allí, a las puertas del juzgado, ante los micrófonos, señaló que la investigación partió de la Consellería de Traballo cuando conoció "a través de la prensa que podía haber irregularidades en las subvenciones". Según la tesis de Bouzada, Traballo envió a"funcionarios que no son de libre designación" a las oficinas del sindicato que ya en ese primer momento detectaron "algunos incumplimientos de los requisitos que deben cumplir las asociaciones para percibir la subvención". Luego, prosiguió el alto cargo, "siguiendo un trámite normal Traballo solicita la colaboración de la Dirección General [de Avaliación Administrativa] que tiene las competencias de auditoría, información y control interno de la Xunta. Prueba de que es un proceso normal es que también intervenimos en las oposiciones de la Función Pública".

El alto cargo de Presidencia aún dijo una cosa más: que el juzgado del que acababa de salir no investigaba la tramitación de la Xunta, sino las subvenciones concedidas a Unións Agrarias. Cuando un periodista le preguntó si había declarado ante la juez por una posible desviación de poder por parte de la Administración, Bouzada respondió: "No, no, no, las investigadas son las asociaciónes y la Xunta es la que actuó en cumplimiento de la normativa porque concede subvenciones y debe estar segura de que se cumplen todos los requisitos de la subvención". Pese a todo admitió que tanto él como su compañero de Traballo comparecieron como imputados. Y acabó concluyendo que se trataba de una maniobra de Unións Agrarias para "tratar de involucrar a la Xunta en su conjunto en toda la actuación".

Tres afirmaciones que se dan de bruces con las evidencias. La documentación que obra en la causa prueba que parte del personal de Traballo que acudió por primera vez a las sedes de Unións Agrarias no era funcionario -había auxiliares administrativos que son personal laboral- ni estaba facultado para realizar inspecciónes. Lo que Bouzada llamó tres veces trámite "normal" -que su departamento se desplace a entidades externas subvencionadas por la Xunta e interrogue a sus trabajadores- es un episodio que nunca antes había sucedido en el Gobierno gallego.

Y por último las diligencias que instruye ese juzgado no tienen ninguna relación con las ayudas del Gobierno y sí con la forma en que la Xunta ordenó y llevó a cabo la investigación para comprobar, como sostiene la querella, si la Administración cometió un desvío de poder y prevaricó en la tramitación de los polémicos expedientes. Ocho meses después, ni la documentación que obra en la causa ni los tesmionios de los ahora imputados ni las consellerías involucradas han aportado un solo indicio de la supuesta financiación ilegal del PSOE.