La Xunta suspende la investigación a Unións Agrarias sin ningún resultado

La supuesta trama agraria "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y financiar campañas del PSOE", denunciada por el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, ha quedado, administrativamente, en el limbo. Ocho meses después de que los populares hablasen de "red corrupta que hará temblar al PSOE", y de que la Xunta desplegase a su personal por 13 sedes de asociaciones vinculadas al sindicato Unións Agrarias, ninguna de las cuatro consellería implicadas en las investigaciones ha aportado una sola prueba de la supuesta financiación ilegal.

Facenda no comunicó hasta ayer a la central agraria la suspensión del expediente de control financiero abierto por las subvenciones recibidas. Lo hizo después de ignorar durante seis meses que debía inhibirse en favor de la Justicia, al existir en el juzgado de Corcubión una denuncia abierta por el mismo caso. Además, Jaime Bouzada, director general de la Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda, admitió ante la juez que le tomó declaración como imputado, que los expedientes fueron abiertos debido a las acusaciones vertidas por el PP en la prensa.

También ayer los técnicos de urbanismo de la Xunta trabajaron bajo los focos. Dos funcionarios de la Consellería de Infraestruturas fueron a la vivienda en San Ámaro del líder del PSdeG, Pachi Vázquez, para comprobar si las obras que realizó se ajustan a la licencia. Pero se quedaron del otro lado de la puerta. Vázquez contraatacó con el anuncio de la presentación de dos querellas, una contra la consellería que preside Agustín Hernández y otra contra el alcalde popular de San Amaro.