Los socialistas piden tres años de cárcel para Camps
El escrito de acusación estima que el presidente cometió cohecho propio
Los socialistas valencianos pidieron ayer tres años de cárcel, ocho de inhabilitación y una multa de 46.074 euros para Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, por un delito de cohecho propio en el caso de los trajes. El escrito de conclusiones del PSPV-PSOE, que actúa como acusación en la causa que se sigue contra Camps y otros tres altos cargos del Consell y el PP regionales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, subraya la coincidencia cronológica entre los regalos que los imputados recibieron de la trama Gürtel y la adjudicación de contratos de la Administración autonómica a empresas de la red corrupta. En 2005, el primer año que los acusados recibieron obsequios, la facturación de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, íntimo amigo del presidente valenciano, registró un incremento de más del 1.000%.
Camps, Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo) "recibieron del grupo Correa y a través de Orange Market reiteradamente a lo largo de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 diversas prendas de vestir, bien para realizar un acto injusto o arbitrario, bien como recompensa del acto ya realizado, o en consideración a su función", estiman los socialistas.
Esa amplia descripción de los hechos permite al PSPV-PSOE, de acuerdo con la ley, solicitar tres penas alternativas. La ya mencionada (que hacen extensiva a los otros tres imputados). La que corresponde a la modalidad de cohecho pasivo impropio, que se concreta en una multa de 49.500 euros para cada acusado. Y la que se deriva de la modalidad de cohecho del artículo 425.1 del Código Penal, que supondría dos años de suspensión para cargo público para los imputados y, además, una multa de 46.074 euros para Camps; 40.497 para Campos; 21.975 para Costa, y 16.587 para Betoret.Los socialistas destacan que las adjudicaciones de la Generalitat a las empresas de la trama Gürtel se efectuaron fraccionando el objeto del contrato "con la finalidad de evitar los procedimientos legales de contratación" y "vulnerando de este modo los principios de publicidad y concurrencia". En algún caso los departamentos del Consell llegaron a pagar dos veces por lo mismo. En el congreso de software libre de 2005 Orange Market facturó 12.020 euros por el "alquiler, transporte y montaje de mobiliario de 22 stands"; y otros 12.020 euros, por el "alquiler, transporte, montaje y moqueta en 22 stands".
En total, Orange Market obtuvo del Consell al menos 7 millones de euros entre 2005 y 2009, el año en que la red que dirigía Francisco Correa salió a la luz por los primeros registros policiales.
"No se limita a cuatro trajes regalados, sino que detrás de todo está la economía de la corrupción propiciada por Camps", explicó ayer el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, firmante junto a otros tres diputados de la querella que dio pie a su personación. "La existencia de regalos y la adjudicación de contratos escandalosamente irregulares se han puesto de manifiesto por la actuación de los jueces, los fiscales y la policía, y los socialistas tenemos que ser coherentes con eso".
El escrito considera acreditado por la investigación, en línea con lo indicado hace dos semanas por la fiscalía, el sistema que empleó la trama para hacer llegar trajes, abrigos, americanas, chaqués, zapatos y corbatas a los acusados por valor de más de 40.000 euros (6,6 millones de las antiguas pesetas). Los imputados elegían las prendas. Los empleados de las tiendas (Milano y Forever Young) anotaban sus compras en una cuenta abierta a nombre de El Bigotes. Y Pablo Crespo, mano derecha de Francisco Correa, abonaba las facturas en metálico, mediante transferencias bancarias o por medio de cheques. "En la primavera del año 2007", por ejemplo, "Camps se llevó tres pares de zapatos de piel por un importe de 643,50 euros". El sastre y director comercial del establecimiento, José Tomás, los apuntó en la cuenta de Álvaro Pérez. Y finalmente fueron pagados por Pablo Crespo.
"Todo está lógicamente pendiente de que se resuelva la inhibición del juez Antonio Pedreira sobre el asunto de los trajes", señaló Luna, en alusión a la incorporación o no de Correa, Crespo y Pérez a la investigación en Valencia. "Y también estamos pendientes de que el TSJ resuelva aceptar la inhibición de Pedreira sobre el grueso de la causa, en la que se investigan supuesta malversación, delito electoral o financiación irregular".
Para el portavoz popular, Rafael Blasco, la petición de los socialistas es "brutalmente desproporcionada". En su opinión, el PSPV-PSOE sólo persigue contribuir al "juicio paralelo" sobre Camps. Enric Morera, de Compromís, consideró "poco comprensible que los socialistas pidan prisión para Camps mientras buscan un pacto con él, aunque insistió en la idea de que "no es una cuestión de trajes" sino de "adjudicaciones a una trama corrupta". La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, a su vez, dijo ayer en La Vila Joiosa: "Estamos viviendo una situación de emergencia democrática", informa Artur Balaguer.
