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La caja pide 'in extremis' más dinero público y el Banco de España lo rechaza

NCG solicitó cerca de 600 millones el viernes para eludir el decreto del Gobierno

El Banco de España no está por la labor de que la caja gallega consiga 582 millones del fondo de rescate (FROB) en las mismas condiciones que recibió los primeros 1.162 millones para recapitalizarse. Novacaixagalicia (NCG), tal y como confirmó ayer la conselleira de Facenda, Marta Fernández, solicitó más recursos públicos el pasado viernes, pocas horas antes de que el BOE publicase el Real Decreto-Ley de reforzamiento del sistema financiero. Aunque la conselleira no mencionó el importe, sí dijo que la caja se acogió a uno de los artículos que regula el fondo de rescate, el mismo que utilizó para facilitar la fusión y con el compromiso de mejorar la eficiencia, racionalizar la administración y reducir su estructura.

La maniobra sorpresa del viernes tenía el objetivo de sortear las nuevas condiciones de acceso al dinero público que impone el decreto publicado el sábado (y que entró en vigor ayer), que entre otras cosas obliga a las cajas a volcar todo su negocio a un banco si quieren recibir ayudas. También es mucho más estricto en las condiciones de gobernanza y gestión, con la imposición de consejeros nombrados por el propio organismo regulador. "El primer dinero del FROB se otorgó en forma de préstamos, ahora las cosas van a cambiar mucho", relatan fuentes financieras. Del máximo que podía solicitar Novacaixagalicia, el 3% de sus activos ponderados por riesgo, 1.743 millones, ya habría consumido 1.162 y le quedarían otros 582 millones que solicitó en forma de participaciones preferentes (que computan como capital principal).

Pero el Gobierno ha cerrado para la mayoría de entidades el grifo del FROB en las condiciones establecidas hasta el verano pasado. El regulador, que no quiso confirmar la petición de la caja gallega, aseguró a través de un portavoz que solo las cajas que suspendieron los test de estrés y que, después de no pasar la prueba, se pusieron en contacto con el regulador, como CatalunyaCaixa y Unim, (que pedirán respectivamente 1.000 y 200 millones) recibirán más fondos. El resto, entre ellas la caja gallega, deberá pasar por la taquilla del nuevo plan de rescate.

Fuentes del PP y de la propia caja creen que la excepción que se va a hacer con las cajas catalanas no puede arrastrar a las demás."El Banco de España tiene que ceñirse a lo que está escrito, no puede cambiar las reglas del juego", insisten fuentes cercanas al Partido Popular. Esas mismas fuentes recuerdan que la petición de más fondos se cursó antes de que se diese a conocer el decreto, lo que implica cierto grado de comunicación entre el Banco de España y la entidad gallega. "Otra cosa es que el Gobierno no ha querido escucharnos y sí lo ha hecho con CiU, pero lo que pactó Cataluña para sus cajas también vale para la nuestra", insisten.

En todo caso, los 582 millones que la caja habría pedido el viernes no bastarían para elevar la ratio de capital en dos puntos, que es lo mínimo que necesita para hacer frente a las nuevas exigencias del Gobierno y cumplir con el tan ansiado 8% de core capital. Si quiere seguir como una caja, algo prácticamente imposible, debería llegar al 10%.

Sobre el camino por el que puede optar la caja, el abanico sigue aparentemente abierto. Tras la reunión que mantuvo ayer la conselleira de Facenda con los portavoces parlamentarios de los tres grupos en San Caetano lo único que parece claro es que la Xunta aún no ha decidido que camino es el más adecuado para que Novacaixagalicia siga manteniendo su carácter gallego. "Ninguna alternativa está cerrada", concluyó Marta Fernández Currás. La conselleira señaló que la opción de que la nueva caja siga funcionando como tal se ha complicado "notablemente" con el nuevo decreto.

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"Indefinición absoluta"

El BNG fue el que mostró mayor decepción por el desarrollo de la reunión. Su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, se mostró muy crítico con la "indefinición y desorientación absoluta" de la Xunta. Recordó que otras comunidades autónomas han conseguido dejar su huella en la nueva normativa, mientras que a Galicia la única vía que le queda es la impugnación del decreto ante el Tribunal Constitucional para forzar una negociación.

Por su parte, Abel Losada, portavoz socialista, explicó que el decreto aprobado permite "pequeños márgenes de ajuste" que se deben aprovechar y que Novacaixagalicia debe mantener la mayor vinculación posible con el tejido económico y social gallego. El portavoz del PP, Manuel Ruiz Rivas, criticó los "cambios de rumbo" del Gobierno central y la "nula sensibilidad" que ha mostrado éste hacia las propuestas realizadas desde la Xunta.

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