El Consell incumple compromisos asumidos tras la tragedia del metro

El trágico accidente del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y hubo 47 heridos cuando un convoy descarriló a la entrada de la estación de Jesús, en Valencia, se ha convertido en un permanente motivo de incomodidad para Francisco Camps y su administración. La comisión de investigación, que el PP abrió y cerró a toda velocidad en las Cortes tras el accidente, estableció entre sus conclusiones la necesidad de promulgar dos leyes; una que regulara el sector del transporte ferroviario y otra que creara una agencia de seguridad. Ninguno de esos compromisos se cumplirá porque el Consell ha decidido considerarlos integrados en el polémico proyecto de Ley de Movilidad que se tramita en las Cortes y ha soliviantado a diferentes sectores.

La comisión de investigación se cerró entre protestas de la oposición y de los familiares de las víctimas en agosto de 2006 y en ella impuso el PP sus posiciones. La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio firmó ayer mismo con los partidos de la oposición un compromiso electoral para que se reabra esa comisión en la próxima legislatura.

A preguntas del diputado socialista Francesc Signes, el consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, reconoció el pasado 10 de febrero en la comisión de Obras Públicas de las Cortes que no se elaborará una ley estrictamente ferroviaria y que no se creará una agencia específica de seguridad, las dos recomendaciones que las conclusiones de la comisión de investigación instaban al Consell a llevar a cabo. Según Flores, la futura Ley de Movilidad, que calificó de "muy ambiciosa", ya incluye la del sector ferroviario, tanto en lo referente al servicio público del ferrocarril como a sus infraestructuras, aunque abarca muchos otros aspectos de otros tipos de transporte. Además, reconoció que, pese a que se habían iniciado las gestiones para constituir la agencia valenciana de seguridad en el transporte, surgió el "escollo del incremento de gasto que supondría crear este nuevo ente". Por ello, el Consell elaborará una ley que otorgará sus funciones a la Agencia Valenciana de Movilidad que se crea en la ley actualmente en trámite. "Entiendo que no debería tener problemas", dijo Flores, "aunque lamento que tenga que ser en la próxima legislatura".Francesc Signes discrepa totalmente de la interpretación del Consell cuando afirma, en el preámbulo del proyecto de Ley de Movilidad, que "después de analizar la posibilidad de una ley específica" para los ferrocarriles y las infraestructuras ferroviarias, "en el título III se ha optado por una solución más avanzada que es la de una norma extendida a cualquier tipo de infraestructuras de transporte". Destaca el diputado socialista que en Cataluña se elaboró una Ley Ferroviaria tres años después de la Ley de Movilidad y que en Andalucía se aprobó una Ley de Servicios Ferroviarios porque el ferrocarril tiene una importancia especial en la definición de nuevas estrategias y objetivos de movilidad sostenible.

La política de la Generalitat de liberalizar el mercado ferroviario, mediante la licitación de líneas en Valencia y Alicante, hace todavía más necesaria la regulación del sector, sostiene Signes. que añade que la ley debería potenciar en el futuro "una política activa de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, cercanías, tranvía o metro".

Por lo que se refiere a la agencia de seguridad, Signes sostiene que no puede ser una entidad de carácter genérico dependiente de la Generalitat como la futura Agencia Valenciana de Movilidad la que supervise esta materia, sino que ha de estar en manos de un organismo "especializado, independiente y neutral". El diputado añade que "subsumir la agencia de seguridad ferroviaria en la agencia valenciana de movilidad significa que la seguridad en el transporte ni es una prioridad ni forma parte de la agenda política ni de los objetivos de la consejería".

En todo caso, Signes asegura: "Aunque la legislatura se esté acabando, seguiremos intentando que se aprueben las leyes que se recomendaron tras el accidente del metro y que ya tienen otras comunidades autónomas".