No es un asesinato más

El asesinato el pasado martes de Susana G., de 37 años, a manos de su esposo, José C. R., de 41, de quien se estaba separando y al que había denunciado por maltrato rompió dos tendencias en la lucha contra la violencia doméstica. La primera es puramente estadística: de las 11 mujeres asesinadas por su pareja en 2011, Susana era la primera que había puesto su caso en manos de un juzgado. La otra costumbre rota -por primera vez en mucho tiempo- fue la de no usar un crimen machista como munición política.

En julio de 2010, Susana denunció a su esposo por amenazas y maltrato simple. En un juicio rápido José R. fue condenado a 15 meses de prisión -que pudo eludir mediante un curso de 25 sesiones sobre igualdad- y se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de su pareja. Tras la sentencia, Susana solicitó su alta en el programa de teleasistencia, por el que la maltratada recibe un teléfono móvil que facilita su seguimiento y le permite contactar con la policía en caso de peligro.

Las pulseras contra el maltrato apenas se usan en hombres con condena firme

De Torres: "Las mujeres comienzan a decir basta desde el principio"

Pese a contar con todos los requisitos para acceder al programa -gestionado por el extinto Ministerio de Igualdad y los Ayuntamientos a través de la empresa de servicios Eulen- Susana no fue dada de alta. El Ayuntamiento de Málaga afirma que Igualdad denegó la solicitud en agosto de 2010, coincidiendo con una "racionalización" del servicio que redujo el número de beneficiarias de 13.696 mujeres a 1 de enero de 2010 a 9.101 el 31 de octubre de ese año, última estadística disponible de Igualdad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género replicó que los servicios sociales del Ayuntamiento enviaron una solicitud en blanco, por lo que esta no fue siquiera tenida en cuenta. Las distintas versiones acabaron en un enfrentamiento cuando Susana todavía ni había sido incinerada.

Además, en el expediente de Susana constaba el informe de valoración policial del riesgo. Este documento, que se realiza siguiendo un protocolo común a todas las maltratadas y que determina las medidas de protección, señala que tras la denuncia que dio pie al juicio, el peligro que tenía Susana de sufrir una nueva agresión era "bajo".

El hecho de que José C. R. quebrantara la orden de alejamiento ha vuelto a poner de relieve el escaso uso de las pulseras electrónicas, que avisan a un centro de gestión cuando el maltratador se aproxima a la zona donde está la víctima. Tanto Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, como Flor de Torres, fiscal delegada para Andalucía de esta especialidad, coinciden en que el actual protocolo para el uso de los brazaletes, firmado en 2009, se ha quedado corto. "El protocolo solo contempla las pulseras para medidas cautelares antes del juicio. El CGPJ ha pedido que se amplíe el protocolo para que pueda aplicarse a casos penados despejando problemas burocráticos". Según la fiscal De Torres, las pulseras solo se colocan a condenados "en casos muy extremos".

Montalbán insiste también en la necesidad de revisar la valoración del riesgo de reiteración delictiva que realiza la policía, que ahora se basa exclusivamente en el testimonio de la agredida y del supuesto agresor. "El sistema policial es un buen instrumento pero habría que complementarlo con los informes periciales de riesgo elaborados por psicólogos y psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal", afirma.

Las especialistas insisten en la necesidad de que las maltratadas superen el miedo y la vergüenza y denuncien su situación. "Pese a que cada muerte es un fracaso para la sociedad y el sistema, en los tres primeros trimestres de 2010 se dictaron en España 19.801 órdenes de alejamiento, de las que apenas 11 se quebrantaron con resultado de muerte".

"La denuncia es el único camino para proteger a la mujer", recalca De Torres, que pide darle "espacio, tiempo, energía e implicación" a la Ley Integral de Violencia de Género. La fiscal ha detectado "un aumento enorme", sobre todo entre gente joven, de los juicios de faltas por violencia machista, que se limitan a casos de vejaciones, la antesala de la agresión física. Lejos de ser un dato alarmante, De Torres afirma que "eso denota que las víctimas comienzan a decir basta desde el principio y que cada vez hay más intolerancia a las llamadas conductas micromachistas".