Fabra rectifica a Camps y valora entrar en la gestión del aeropuerto

"El presidente de Aerocas no tiene nada que enmendar al vicepresidente de Aerocas". Con esta frase, Carlos Fabra, que ostenta el primer cargo de la sociedad pública promotora del aeropuerto, trató ayer de evitar un enfrentamiento directo con Gerardo Camps, que ocupa el otro puesto, aunque poco antes había rectificado las palabras del también consejero de Economía sobre los planes de la Administración valenciana respecto del futuro aeropuerto de Castellón. Mientras que Camps dijo en las Cortes que el Consell "no tiene previsto hacerse cargo de la gestión" de estas instalaciones, Fabra valora seriamente esta posibilidad.

La promotora del aeropuerto, Aerocas (formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón) está debatiendo el futuro de la gestión del aeropuerto después de que la concesionaria, Concesiones Aeroportuarias, solicitara el restablecimiento del equilibrio económico financiero, dados los cambios de la normativa aérea y la no ejecución de los proyectos urbanísticos y de ocio que iban a incrementar el potencial turístico de la provincia de Castellón.

El Consell debería comprar el 45% de la promotora o asumir diversos gastos

Aunque hace apenas unas semanas Fabra negó rotundamente la viabilidad de que la Administración forme parte de la gestión del futuro aeropuerto, ayer afirmó que, tras estudiarlo, la creación de una empresa mixta (formada por la promotora y la concesionaria) que gestione la infraestructura "es viable desde un punto de vista fiscal y mercantil", aunque "no está tan claro desde el punto de vista del Derecho Público". El propio Fabra admitió que este cambio supondría una variación de las condiciones del pliego de adjudicación de la concesión, lo que podría acarrear más de un problema. En cualquier caso, quedó claro que el presidente de Aerocas valora la posibilidad de que la administración pública entre a formar parte de la gestión de unas instalaciones de las que, según sus propias palabras, Globalvía (formada por FCC y Caja Madrid, que concentran un 45% de la empresa concesionaria) "quiere marcharse" a "concesiones de otro tipo que puedan ser, a corto plazo, más rentables".

La posibilidad de que la Administración entre a formar parte de la gestión tiene dos vías. La primera de ellas sería a partir de la compra, por parte de la promotora, del 45% que posee Globalvía. La otra, en el caso de que la negociación del reequilibrio supusiera la entrada de la sociedad pública, haciéndose cargo, directamente, de los gastos que le adjudica la nueva normativa aérea, como son los de los controladores, la seguridad y los servicios de bomberos.

Ayer era también el día en el que se celebraba la "última reunión", según Carlos Fabra, de Aerocas con Globalvía, única porción de la concesionaria con la que la promotora se ha reunido, de momento. Según Fabra, la concesionaria no ha pedido el restablecimiento del equilibrio económico financiero, sino que ha sido únicamente Globalvía la que exige que se determine la cantidad que deberá pagar la administración para que la concesión siga siendo rentable. Sin embargo, esta afirmación choca con las propias palabras de Fabra, quien desveló la existencia de un acuerdo interno entre accionistas por el cual las decisiones en Concesiones Aeroportuarias se han de tomar, como mínimo, con el apoyo del 84% de la mercantil. Esto supondría que, en el caso de que sólo Globalvía hubiera pedido el reequilibrio, la Administración no tendría por qué negociar con ella, ya que no representa al concesionario.

En su primera reunión, Globalvía, según Carlos Fabra, exigió para el restablecimiento del equilibrio económico financiero el pago de ocho millones de euros anuales, durante los 50 años que dura la concesión, es decir, un total de 400. La promotora ya descartó esta cantidad.