Gobierno y Xunta recurren los cambios en el control del marisco

La Xunta ha encontrado un aliado inesperado en su guerra contra la normativa comunitaria que impone un cambio de método para detectar las biotoxinas en los bivalvos, que pasarían de inyectarse en ratones a probarse con test químicos. El Gobierno central recurrirá la norma ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, como reclamaba la Consellería del Mar desde el pasado noviembre, cuando la Comisión Europea aprobó el cambio de metodología con la abstención de España. Aunque los servicios jurídicos de la Xunta ya habían iniciado la redacción de un recurso, finalmente será la Abogacía del Estado la que represente los intereses del sector marisquero gallego, temeroso de que el nuevo sistema para validar la calidad del bivalvo les obligue a mantener cerradas las bateas durante semanas y triplique los paros biológicos.

El antiguo método ha sido empleado con éxito durante los 25 últimos años

La decisión se adoptó anteayer en Madrid, en una comisión sectorial celebrada a petición de la Xunta que reúne a las distintas comunidades con asuntos pendientes de recurrir en Europa. "El análisis químico es más caro, más lento y perjudicial", argumentó ayer Francisco Vidal-Pardo, secretario general técnico de la Consellería do Mar, que confía en el viejo sistema con ratones que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño ha empleado con éxito los últimos 25 años.

Galicia es uno de los primeros productores de mejillón de Europa, con 3.000 bateas. De forma periódica, las algas penetran en las rías y desencadenan un fenómeno natural, la marea roja, que aumenta la toxicidad y deja un rastro de biotoxinas impreso en los moluscos bivalvos, especialmente mejillones y vieiras. Las toxinas más comunes son amnésica, paralizante o diarreica, difíciles de purgar, y que pueden ser dañinas e incluso letales para el consumo humano.

El resultado de las pruebas biológicas se conoce en 24 horas, mientras que los test químicos se alargan varios días y multiplican costes. "Puede ser hasta 50 veces más caro y no es más seguro", subrayó Vidal-Pardo, satisfecho por el respaldo del Ejecutivo central a una propuesta autonómica "por primera vez". La actual normativa europea obliga a sustituir progresivamente los bioensayos por pruebas químicas antes del 2015, para evitar la muerte de miles de ratones de laboratorio cada año.

En defensa del viejo sistema, el departamento de Rosa Quintana argumenta que en las últimas décadas apenas se han registrado intoxicaciones por consumo de bivalvos, a excepción de mejillones que se extrajeron directamente de la roca, sin garantías para el consumo.