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El PP pacta con Compromís la ley que regula la custodia compartida

Socialistas y Esquerra Unida se oponen y advierten que es inconstitucional

La geometría parlamentaria registró ayer un dibujo poco habitual. El PP, con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas, acordó pactar con el grupo Compromís el proyecto de ley que establece como preferente la custodia compartida de los hijos en los casos de separación o divorcio. Compromís retiró su enmienda a la totalidad con texto alternativo a cambio de que los populares aceptaran incorporar sus propuestas como enmiendas parciales. Los otros dos grupos de la oposición, socialistas y Esquerra Unida, manifestaron su rechazo del contenido de la norma y advirtieron de su inconstitucionalidad, ya que la capacidad de la Generalitat para legislar en la materia se fundamenta en la referencia al derecho foral incluida en el Estatut d'Autonomia, pero no está claro que Comunidad Valenciana tenga competencias para ello.

La apelación al derecho foral divide a los grupos parlamentarios

El argumento para defender la ley frente a las enmiendas alternativas, por parte del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se centró en la figura del pacto de convivencia familiar, que establece el juez con participación del fiscal y en el que se fija la relación de los padres con los hijos y con el resto de la familia, así como el uso de la vivienda y el pago de los gastos. En ausencia de acuerdo, según la denominada Ley de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven, la regla general será la custodia compartida frente a la custodia por la madre que prima en la legislación actual.

El criterio del PP, que defendió la diputada Marisol Linares, es que la custodia compartida supone un avance para adaptarse a la demanda social. Una demanda que tanto Marga Sanz, de Esquerra Unida, como Dolores Huesca, del PSPV-PSOE, desmintieron con estadísticas. Las dos aseguraron que la custodia compartida es una fórmula escasamente buscada en los casos de separación por mutuo acuerdo y apuntaron a que su demanda se produce precisamente cuando hay conflicto. Se apoyaron también en las opiniones de jueces, fiscales y profesionales de la mediación familiar. Sanz, que calificó de "despropósito" el proyecto de ley, lo consideró "un ataque flagrante a las mujeres como la parte más débil, globalmente consideradas", en la separación. Huesca, por su parte, señaló que la norma "solo favorecerá a los progenitores, pero no el interés superior de los menores".

La diputada de Compromís Mònica Oltra defendió su enmienda a la totalidad con texto alternativo y anunció al final de su intervención que la retiraba ante la disposición expresada por el PP de incorporar su contenido mediante enmiendas parciales. Para Oltra, la custodia preferente por parte de las mujeres acaba volviéndose en su contra porque hace que acaben cargando con la educación y el cuidado de los menores, sacrificando parte de su vida activa y de sus posibilidades de futuro. La diputada recordó que también hay familias del mismo sexo y que hay que dejar de lado "los dogmas" en esta materia. Sanz, sin embargo, apeló precisamente a que todavía es muy mayoritario lo que denominó el "rol de la mujer cuidadora" como argumento para mantener la custodia prefrente por parte de la madre.

La posible inconstitucionalidad de la ley centró una buena parte del debate. La popular Marisol Linares recriminó a los socialistas que en Aragón y Cataluña haya leyes de custodia compartida que contaron con los votos de sus correligionarios y se opongan a una norma de ese tipo en la Comunidad Valenciana. "Son ustedes centralistas, inmovilistas y conservadores", espetó a los dos grupos de la oposición.

Dolores Huesca recordó que Aragón y Cataluña tienen un régimen foral especial del que no goza la Comunidad Valenciana. "Por eso no puede legislar en esa materia", añadió la diputada socialista, que acusó a los populares de querer "aprobar leyes como churros pasando por encima de las personas".

La trama de cooperación pone en apuros a Blasco

La denuncia de las irregularidades en las subvenciones de cooperación que investiga la Fiscalía Anticorrupción pusieron ayer de nuevo en apuros al consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que dejó sin respuesta una revelación de la diputada de Compromís Mireia Mollà en el turno de preguntas orales. Mollà le preguntó a Blasco por los resultados de los informes de evaluación externa de cuatro proyectos de dos ONG vinculadas a la supuesta trama de captación de subvenciones que ella misma denunció al fiscal. Se trata de dos proyectos de Fudersa y otros dos de Ceiba en colaboración con la Fundación Hemisferio (antes Fundación Entre Pueblos). El consejero negó que Fudersa actuara en agrupación con la mencionada fundación y dijo que todavía no se ha agotado el plazo de Ceiba para presentar su evaluación.

Sin embargo, Mollà esgrimió documentos que revelan que ambas organizaciones pagaron en 2009, entre tres días y un mes después de recibir la subvención del departamento que dirige Blasco, las facturas por las evaluaciones finales de los proyectos a Avance Abogados, de José Bollaín, secretario de la Fundación Hemisferio, que supuestamente funcionaba como matriz de la trama. "Esto avala las dudas de que los proyectos realmente se realizaran", dijo Mollà, que calificó de "fraude" el caso. Blasco no rebatió las afirmaciones de la diputada y se limitó a descalificarla. "No voy a entrar en este asunto porque es tonto, una pérdida de tiempo", dijo, antes de acusarla de "intentar confundir a la opinión pública".

El consejero había tenido minutos antes otro choque sobre las subvenciones -en este caso sobre la entrega a la Fundación Hemisferio de las donaciones aportadas por instituciones, ciudadanos y empresas para la ayuda a Haití- con la diputada socialista Clara Tirado, que también ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción irregularidades en las subvenciones de cooperación.

Por otra parte, a preguntas del diputado de Compromís Josep Maria Pañella, el vicepresidente económico, Gerardo Camps, negó que la Generalitat tenga intención de hacerse cargo del aeropuerto de Castellón, que está "acabado al 99,8%". Camps dijo que la concesionaria ha pedido un reequilibrio económico-financiero de la adjudicación argumentando los efectos de la crisis y los cambios en la legislación aeroportuaria. El Consell estudia si tiene razón, aunque el consejero de Economía avanzó que solo el segundo aspecto puede tomarse en consideración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de febrero de 2011

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