La justicia obliga a derribar un edificio de 127 viviendas en Oropesa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Oropesa para que fije la fecha del derribo del edificio Bernat, situado en la playa de Morro de Gos. El plazo acaba hoy y es el alcalde, Rafael Albert (PP), el que debe decidir qué día se echarán abajo las "127 viviendas catastrales".

La licencia de construcción del inmueble, que invade parte de una zona verde y de una calle peatonal y tiene exceso de volumen, fue otorgada en 1988, cuando el Consistorio estaba dirigido por el independiente Francisco Garrido, y denunciada por un vecino afectado. El TSJ declaró la nulidad de las licencias. Sin embargo, la sala de lo contencioso del mismo tribunal también declaró que existía una imposibilidad material de ejecución del fallo puesto que el derribo parcial del edificio era muy complejo. La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo que ya en 2007 dictó que la licencia había sido anulada en su totalidad, no en parte, con lo que la demolición debía ser íntegra

Este es el segundo derribo que el Ayuntamiento de Oropesa habrá de ejecutar en poco más de seis meses, después del ya desaparecido edificio Porto Mar, en la playa de La Concha, cuya licencia de construcción también fue anulada por un fallo del TSJ.El Ayuntamiento de Oropesa aprobó, en 1999, siendo ya alcalde Rafael Albert, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana con la que pretendió legalizar las obras del edificio Bernat, pendiente ahora de demolición. La modificación también recibió el visto bueno de la entonces Consejería de Obras Públicas, pese a que los tribunales habían estimado ya el recurso presentado por el vecino que denunció la concesión de la licencia de obras.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la modificación del planeamiento urbanístico, al igual que hizo el Tribunal Supremo, que indicó que "la verdadera y auténtica finalidad de la modificación del Plan General es la de legalizar el llamado edificio Bernat, ilegal según decisión judicial". El auto del Supremo añade que dicha modificación "está viciada de desviación de poder (a saber, ejercicio de la potestad del planeamiento no para servir al interés público urbanístico sino solo para legalizar lo declarado ilegal)".

Pese a los intentos por eludir la ejecución de la sentencia, parece que la única posibilidad que les queda a los propietarios es la de recurrir al Constitucional, aunque Miguel Carceller, abogado del demandante, no tiene constancia de que este tribunal haya admitido recurso alguno a este respecto.

Indemnización

Con la decisión judicial de llevar a cabo el derribo, los propietarios de los apartamentos podrían pedir al Ayuntamiento de Oropesa una indemnización, ya que fue la negligente actuación del Consistorio la que ahora les dejará sin sus propiedades. El letrado del demandante ha advertido de que el plazo para exigir esta responsabilidad puede estar finalizando, mientras que el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, considera que estas indemnizaciones "arruinarían al Ayuntamiento durante décadas", ya que, además de apartamentos, el edificio cuenta con aparcamientos, trasteros, locales comerciales e incluso un aparthotel, todos ellos en activo.

Ante la posibilidad de una millonaria indemnización, el edil del Bloc ha reclamado que sean los funcionarios que dictaminaron a favor de la concesión de la licencia y los concejales que votaron a favor de la misma en quienes recaiga la responsabilidad patrimonial.