La moción de Benidorm provoca cambios legislativos

La moción de censura de Benidorm, con la que el socialista Agustín Navarro accedió a la alcaldía con un concejal tránsfuga del PP, ha servido de base para importantes modificaciones legislativas, tanto en el ámbito estatal como en el de la Comunidad Valenciana. A pesar de que desde el PSOE se intentó trasladar la idea de que los concejales socialistas se dieron de baja del partido antes de firmar la moción de censura el 10 de septiembre de 2009, y de que, como consecuencia, lo hicieron sin formar parte de las filas socialistas, el partido midió mal las consecuencias de un subterfugio planeado para intentar burlar al Pacto Antitransfuguismo.

La conclusión final es que el 22 de julio de 2010 la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo declaró tránsfugas a los 12 concejales del PSPV que la firmaron y al regidor del PP José Bañuls, quien abandonó la formación por la que fue elegido para apoyar un cambio de gobierno.

Bañuls o Collado necesitarían ahora de otro edil para sumar mayorías

El sábado 29 de enero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los cambios de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que afectan a las mociones de censura. Se mantiene que puede ser propuesta por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación, pero si un concejal la firma formando o habiendo formado parte del grupo político del alcalde al que censura, con la nueva ley la mayoría exigida "se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias". Esto es, si José Francisco Bañuls abandonara hoy el grupo popular de Benidorm para firmar una moción de censura contra el PP, a la mayoría absoluta de concejales (13) habría que sumar uno más.

El mismo ejemplo valdría para Dénia. Juan Collado abandonó el PSPV y firmó una moción contra Paqui Viciano, del Grupo Socialista. Como firmaba contra su anterior grupo, la mayoría absoluta de Dénia se habría fijado en 12 concejales y no en 11, lo que hubiera imposibilitado, como en Benidorm, que prosperara la moción.

En la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que entró en vigor el 14 de julio de 2010, también se incluyó un apartado que tomó como modelo a evitar la moción de censura de Benidorm. El artículo 134, apartado d, especifica que los concejales serán considerados no adscritos por "haber abandonado o haber sido expulsados de la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones. Esta circunstancia será comunicada por el representante general de la formación política, coalición o agrupación de electores correspondiente al secretario municipal, quien lo pondrá en conocimiento del Pleno de la corporación para que de oficio se proceda en consecuencia". La modificación se incluyó tras haber pasado la ley por el informe y dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Y aunque puede vulnerar el artículo 16.2 de la Constitución ("Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia"), se mantuvo para forzar al PSOE a notificar que los concejales de Benidorm se habían dado de baja del partido antes de presentar la moción de censura.

No es una cuestión baladí, ya que según la legislación autonómica y estatal, "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiese correspondido de permanecer en el grupo de procedencia (...)". En este asunto se produce un choque no resuelto de derechos entre el de mejorar su salario un regidor y el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Tras la moción de Dénia, un juez de Alicante presentó una cuestión de inconstitucionalidad al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local sobre la que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado.

Esta es la razón por la que el Grupo Popular de Benidorm ha presentado dos recursos contenciosos administrativos para intentar invalidar los acuerdos alcanzados por la mayoría surgida de la moción de censura. A estos dos hay que añadir un recurso más de la Consejería de Industria, que preside Vicente Rambla.