Emarsa pagó cenas y comidas falleras celebradas en Manises
La empresa pública, presidida por el alcalde, es investigada por estafa
Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, ahora liquidada, dio mucho de sí en gastos que no correspondían a trabajo alguno. De hecho, su gestión está inmersa en una investigación judicial como consecuencia de una querella presentada, cuando empezaron a hacerse públicas las irregularidades el verano pasado, por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía. En Emarsa, cuyo gerente, Esteban Cuesta, y director de Finanzas, Enrique Arnal, están imputados por estafa, malversación y administración desleal, se pagaron transportes de lodos inexistentes, equipos informáticos no suministrados y facturas de mantenimientos y de obras nunca realizados. La empresa también pagó viajes, azafatas, cursos de formación y voluminosas facturas en restaurantes.
"No se han inventado las facturas. Son gastos de Fallas". El propietario del restaurante de Manises que cobró 3.780 euros en siete facturas entre los días 10 y 13 de marzo de 2008 a la Empresa Metropolitana de Aguas de Valencia, SA (Emarsa) reconoció ayer a preguntas de este diario que sirvió comidas y cenas por encargo de la Junta Local Fallera, como ocurre desde hace años, y que la facturación de los gastos suele partirse a la hora de distribuir su pago entre "empresas que se supone que son colaboradoras".
Las facturas corresponden a servicios de comidas y cenas de 12 a 25 personas y están fechadas entre el 10 y el 13 de marzo, jornadas previas a los días oficiales de las celebraciones falleras. José María Maya, propietario del restaurante Pepe, señaló que hace tiempo que trabaja para la Junta Local Fallera en los días de las fiestas. "Don Pedro, su hija Paqui, que es la concejal de festejos, y el alcalde son los que se encargan", explicó.
El presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Manises es Pedro Montoro y la concejal de Fiestas, Paqui Montoro. El alcalde de la localidad y presidente nato de la Junta Local Fallera es Enrique Crespo, del PP, presidente de la Emshi y también de Emarsa, la empresa investigada por un fraude que podría superar los 30 millones de euros. Crespo, en tanto que presidente de la Emshi, es el promotor de la querella contra los dos ex directivos de Emarsa. Una querella cuya ampliación frenó el pasado mes de enero porque el documento preparado por el equipo de abogados pedía prisión preventiva para el gerente y el director financiero. El director gerente, Esteban Cuesta, es miembro de la dirección local del PP en Valencia, que controla la alcaldesa Rita Barberá, y Arnal fue concejal en Moncada por Unión Valenciana. La ampliación de querella frenada por Crespo añadía entre los implicados a un concejal del PP de Albuixec, José Alcácer, cuya empresa aparece implicada en el supuesto falseamiento de transportes de lodos de la depuradora a campos de cultivo en Requena y otras localidades.
Los socialistas, que habían llevado el caso de Emarsa a la Fiscalía Anticorrupción antes de que la mayoría del PP en la entidad metropolitana optara en noviembre por presentar la querella, solicitaron personarse en la investigación judicial como acusación particular. El titular del juzgado número 15 de Valencia lo rechazó por cuestiones formales al admitir a trámite la querella el pasado día 14 de enero. Sin embargo, los socialistas tuvieron noticia ayer de que sí que ha sido admitida finalmente su personación, pero en calidad de acusación popular.
De acuerdo con lo manifestado por Crespo, la Emshi prepara otro documento de ampliación de querella, que ha sido encargado a un letrado distinto. La investigación interna de la gestión de Emarsa realizada por personal de la entidad metropolitana ha revelado una gran cantidad de irregularidades, sobrecostes y facturaciones de trabajos inexistentes.
La Generalitat ha dejado la gestión de la depuradora de Pinedo, que da servicio a los municipios del área metropolitana de Valencia, en manos de una empresa concesionaria por 13,5 millones de euros anuales, nueve millones menos de los que costaba con la empresa pública Emarsa.
