Jabyer Fernández pide suspender parte del concurso de Iurbenor
Cree que la Diputación vizcaína actúa de forma abusiva

El presidente del Grupo Afer y administrador único de Iurbenor, Jabyer Fernández, ha solicitado al titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao que suspenda la calificación del informe para el concurso de acrredores de la misma hasta que no se resuelva la causa penal que se sigue en el juzgado número seis de Bilbao, en la que se dilucida si el destino dado a los fondos percibidos por Iurbenor Promociones por la venta de los terrenos del proyecto Puerta de Bilbao pudiese constituir un delito de insolvencia punible.
Los administradores concursales de Iurbenor, la empresa creada por Fernández para gestionar ese proyecto de más de 2.000 viviendas en Barakaldo, le acusan de orquestar todas las operaciones de descapitalización de Iurbenor Promociones SA y del posterior destino del dinero que, "como se ha acreditado, se hizo a favor de diversas de las empresas controladas por el grupo familiar y su sociedad matriz". También citan que se habría producido alzamiento de bienes y actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia. Por todo ello le piden al juez en su informe definitivo, fechado el pasado 19 de enero, que le exija una indemnización de 97,5 millones por los daños y perjuicios causados a los acreedores y a la Hacienda de Vizcaya.
"El informe concursal crea indefensión", dice el presidente de Afer
En el escrito que ha elevado al juez de lo Mercantil, Fernández explica que los hechos que se dilucidan en lo penal son los mismos que analizan los administradores concursales, con el agravante de que entre ellos está un auditor de la Diputación de Vizcaya que no es imparcial para emitirlo. "Queda fuera de toda duda la utilización abusiva que la Hacienda foral de Vizcaya, en su doble condición de acusación particular y administradora concursal está realizando para lograr un juicio paralelo", critica.
Los administradores concursales son muy duros en su informe y tras estudiar el destino de los 43 millones de euros del dinero que debería haber pagado a la Diputación en concepto de IVA tras la venta del suelo, concluyen que Fernández y sus hermanos usaron el dinero para "financiar sus empresas".
El presidente de Afer entiende que la pretensión de que prosperen semejantes conclusiones en el informe concursal, encontrándose en tramitación unas diligencias previas en el juzgado número 6, y "por tanto que se pretenda que la resolución que decida sobre la misma recoja una calificación culpable" constituiría una "indefensión evidente" y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Fuentes próximas al caso estiman que "los administradores concursales han incurrido en negligencia" al no haber ejecutado las acciones de reintegro de las numerosas compraventas de acciones y transferencias realizadas entre las sociedades del grupo.
Estas mismas fuentes sostienen que con esa actitud y omisiones han "permitido que Iurbenor no se capitalice de nuevo" tras la descapitalización que los administradores concursales atribuyen a Fernández. Es decir, éste acusa a los administradores de no deshacer durante el tiempo que han sido administradores concursales, toda la red de pagos y compras que describen en el propio informe, permitiendo la situación de descapitalización de la concursada.
Fernández ha atribuido su situación, en numerosas ocasiones, a la "persecución" que está sufriendo por parte del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, con quien firmó varios convenios urbanísticos. El informe concursal sería, en su opinión, una prueba más de esa persecución ya que uno de los autores del informe concursal está designado por la Diputación en su condición de principal acreedor.
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