La puerta de las ayudas directas
La clave de la investigación sobre las ayudas a empresas en crisis está en el descontrol. Las cuentas cuadraban para la Intervención General, pero la argumentación que sustentaba dichas ayudas carecía del mínimo análisis elemental que las justificara. ¿Cómo pudieron entonces aprobarse pagos de tanta cuantía durante nueve años? Porque la documentación que explicaba cada ayuda no salía del departamento del ex director general Javier Guerrero y la Intervención no podía presuponer que esta era casi inexistente.
"La documentación acreditativa de las ayudas obra en poder de esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, siendo conforme con la misma". Esta estipulación está incluida en todos los expedientes que tramitaba Empleo. De este modo, todo quedaba en casa y la justificación para la subvención no tenía por qué salir de la Dirección General de Trabajo. El modelo se repitió desde 2001 hasta 2008. La cláusula justificaba que no existiera resolución previa ni justificación posterior al pago de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Numerosos expedientes se concedieron a empresas sin que mediara un expediente de regulación de empleo (ERE), sencillamente para "el mantenimiento del empleo" o "a favor del empleo de los trabajadores". Los convenios se realizaban entre IDEA y la Consejería de Empleo para formalizar las ayudas directa con cargo a la partida 31L. Pero eran meras órdenes de pago, no un convenio desarrollado, ya que solo incluía antecedentes de las empresas, su situación actual, y poco más. El resto era una fórmula de estipulaciones que no varió durante años.
Esa multitud de convenios suponen una extraña intervención en el mercado. Pero sobre todo, no tienen una argumentación que impida su nulidad. El descontrol y la arbitrariedad de esas ayudas pueden suponer a largo plazo la comparecencia de los empresarios beneficiados ante la juez del caso, para justificar cómo y de qué manera les fueron concedidas ayudas públicas millonarias.
