Políticas anticorrupción

Todos los partidos políticos que aspiran a gobernar y gobiernan en España, sea a nivel estatal, autonómico o local, han tenido o tienen entre sus afiliados alguna persona implicada en casos de corrupción. Lo han padecido y padecen el PSOE, el PP, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco o Izquierda Unida, entre otros muchos. No es el único ámbito.

La corrupción se ha ido extendiendo por otros espacios de la sociedad y de otras instituciones. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial; otrora jueces, notarios, despachos de abogados, policías, empresarios, incluso en Galicia se dice que hay dos curas ladrones que se han llevado las joyas de la virgen de un pueblo. Ningún colectivo escapa; siempre se extiende a alguno de sus miembros como una auténtica enfermedad frente a la que aparentemente no hay remedio que la cure.

Y no parece que haya remedio que la cure por cuanto grupos e instituciones cuando se ven afectados por estas manifestaciones delictivas se empeñan en presentarlas como algo aislado (o incluso como un montaje de jueces, fiscales o policía). Cuando la corrupción afecta a sus adversarios se rasgan las vestiduras y vociferan para que el partido rival se mezcle, ante la opinión pública, con los delincuentes presuntos o confesos.

En Sevilla, la pasada semana, el conocido caso Mercasevilla ha pasado de ser una cuestión circunscrita al ámbito municipal a afectar a la Consejería de Empleo de la Junta. La última línea de investigación recae sobre los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) gestionados por esta consejería desde el 2001 para empresas en crisis.

Al parecer, alguien se ha aprovechado de estos expedientes para obtener beneficios ilícitos, bien incluyendo nombres fantasma o cobrando informes inexistentes. Con esta información, y más después de las declaraciones del ex director general de Empleo Javier Guerrero, hablando de "fondo de reptiles", no cabe limitarse a plantear el tema como algo de cuatro sinvergüenzas, como ha hecho el portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, o tratar de justificarse con la expulsión de este ex alto cargo. Tampoco, como hace el PP (el mismo PP que jalea a Camps, Fabra o al alcalde de Alhaurín, por cierto) tirar por elevación y realizar manifestaciones que carecen de pies y cabeza, haciendo responsables de todos los males al actual alcalde de Sevilla, que es como si el PSOE le pegara a Arenas en la espalda las etiquetas impagadas de los trajes del presidente valenciano, íntimo suyo.

Es el problema de siempre. El intento, de unos y otros, de disfrazar y diluir responsabilidades y provocar el desgaste político del adversario de forma zafia al tiempo que se muestra condescendencia sin límite con los más afines.

Un error que favorece que los ciudadanos se acostumbren a vivir con estas anormalidades hasta el punto que las consideren una perversión indeseada, pero inevitable del sistema. Y un error, sobre todo, porque anima a indeseables a hacer lo que no se debe en la confianza de que su grupo les apoyará, con razón o sin ella, en atención a un mal entendido sentido de la autoprotección.

En esta ocasión, y en esta línea de investigación, la Junta lo tiene fácil. En los ERE intervienen la Dirección General de Trabajo, sindicatos, representantes de los trabajadores, empresas de seguros y el dinero se ingresa y se retira. No exige mucho esfuerzo saber de unos y de otros. Tampoco conocer por qué las facultades del director general de Trabajo o los criterios de concesión no se publicaron el BOJA. Ni si existió, o no, conformidad de los representantes de los trabajadores a los ERE que puedan tacharse de irregulares y por qué en este caso el error de su conformidad. De actuar así, dejando a un lado juicios paralelos e interesados, se avanzaría en la limpieza de la vida pública, mirando todos con objetividad y honestidad, unos a Mercasevilla y otros, como no, a Alhaurín o Valencia, observando los ciudadanos que los partidos se rigen por un denominador común frente a estos manejos deshonestos.