El Constitucional suspenderá de inmediato el catálogo de fármacos
Un duro informe del Consejo de Estado avala el recurso judicial del Gobierno
Todas las pegas que ponían los detractores del catálogo de fármacos de la Xunta están incluidas en el informe remitido al Consejo de Estado por el Gobierno, que aprobó ayer la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El documento advierte que la medida adoptada por el Ejecutivo de Feijóo, que restringe los medicamentos sufragados por las arcas públicas en Galicia, "podría contravenir la equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), invadir competencias estatales", conculcar la orden que establece los precios de referencia de las medicinas y "afectar al mercado interior". El catálogo quedará suspendido cautelarmente de forma inmediata, en cuanto el Constitucional lo admita a trámite,salvo en caso de que el recurso tenga defectos de forma.
El informe señala que se puede romper la equidad del sistema
La consellería aplicará la norma hasta que reciba una notificación
El Gobierno descartó la vía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y ha presentado el recurso en cuanto ha recibido el informe que encargó al Consejo de Estado. Dicho documento confirma las denuncias del Ministerio de Sanidad. Así, señala: "Las decisiones normativas de Galicia, de aplicarse, podrían romper la equidad en el acceso de todos los españoles a la prestación farmacéutica reconocida como mínima y común por parte de la normativa estatal; quedaría comprometida la continuidad asistencial de pacientes que, procedentes de otra comunidad autónoma, deban continuar su tratamiento en Galicia" y "afectarían a la política farmacéutica común del Sistema Nacional de Salud que tiene atribuida el Estado como competencia exclusiva". Según los cálculos de la Xunta, el recurso le impedirá ahorrar entre seis o siete millones de euros mensuales.
El catálogo de fármacos aprobado por la Xunta "podría contravenir la equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), invadir competencias estatales, contravenir" la orden que establece los precios de referencia de las medicinas y "afectar al mercado interior". El informe que el Consejo de Estado remitió el jueves al Gobierno da por buenas todas las pegas que ponían los detractores de esta norma, que restringe los medicamentos sufragados por las arcas públicas en Galicia. Con este documento en la mano, el Consejo de Ministros aprobó ayer llevar al Tribunal Constitucional un recurso contra el catálogo. Si no hay un defecto de forma y lo admite a trámite, quedará cautelarmente suspendido.
El Gobierno central estaba esperando el informe del Consejo de Estado para llevar la norma al Constitucional, una vez que descartó la vía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y el documento ha confirmado todo lo que denunciaba el Ministerio de Sanidad: "Las decisiones normativas de Galicia, de aplicarse, podrían romper la equidad en el acceso de todos los españoles a la prestación farmacéutica reconocida como mínima y común por parte de la normativa estatal; quedaría comprometida la continuidad asistencial de pacientes que, procedentes de otra comunidad autónoma, deban continuar su tratamiento en Galicia; afectarían a la política farmacéutica común del SNS que tiene atribuida el Estado como competencia exclusiva, dejando sin efecto sus decisiones sobre política de precios de referencia o las decisiones sobre las innovaciones galénicas; se comprometería la cohesión del propio SNS y se rompería la unidad del mercado de los medicamentos, dificultando sobremanera cualquier negociación o actuación en el conjunto del Estado en materia de medicamentos".
El Consejo de Estado remitió dos informes al Gobierno, uno sobre la ley que aprobó el Parlamento gallego -a propuesta del PP, con el apoyo del BNG y la oposición del PSdeG- y otro sobre el catálogo en sí, que escoge 41 principios activos del nomenclátor nacional, de los que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) solo paga los más baratos. Según el ministerio, se quedan fuera de la financiación pública 427 medicamentos que sí son pagados en el resto de España.
En ambos casos, el Consejo de Estado determina que "existen argumentos jurídicos suficientes para la impugnación constitucional". Será el Ministerio de Política Territorial el que presente este recurso. Si no hay defecto de forma, previsiblemente se admitirá a trámite en no más de 15 días y automáticamente el catálogo quedará suspendido, con lo que en Galicia, el Sergas tendrá que volver a sufragar todos los medicamentos que había vetado. El Tribunal Constitucional puede, no obstante, decidir cada cinco meses si mantiene la suspensión o la levanta.
Entretanto, según los cálculos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, la Xunta dejará de ahorrar entre seis o siete millones de euros mensuales. Sin embargo, la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, aseguró ayer que el catálogo "va a seguir aplicándose con normalidad". Consideró una "decisión política" el recurso de inconstitucionalidad y aseguró que "seguirá en vigor mientras no exista comunicación del Tribunal Constitucional". "Galicia financia los mismos medicamentos que cualquier comunidad y deberíamos hablar con propiedad. El catálogo no excluye ningún fármaco, prioriza los más eficientes", aseguró. Su argumento se basa en que no se debe "confundir una marca con el principio activo".
Sanidade defiende la medida como la manera de seguir manteniendo la sostenibilidad del sistema. Fuentes del ministerio señalan que otras acciones coordinadas en toda España como la rebaja de un 7,5% del precio de los medicamentos no genéricos suponen ya un ahorro para Galicia de 122 millones. También señalan que hay otras vías de ahorro "legales", como el fomento de genéricos (por prescripción de principio activo). En Galicia el año pasado, el porcentaje de envases de genéricos dispensados fue del 14,03% del total, muy lejos del 80% de Andalucía y del 26,65% de media de España, informa Emilio de Benito.
"Entendieron mal el mensaje", dice el PP
El portavoz parlamentario de Sanidad de los socialistas, Modesto Pose, pidió a la Xunta que "recule" si "le queda algo de responsabilidad" tras aprobar el Consejo de Ministros el recurso a presentar ante el Tribunal Constitucional contra el catálogo de fármacos gallego. El PP lo calificó de "mala noticia" porque "pone en peligro la sostenibilidad del sistema".
"Ya lo decíamos nosotros", afirmó el diputado socialista, quien justificó el recurso porque el catálogo implantado por el Sergas invade "competencias del Ministerio de Sanidad". Además, recordó que médicos y farmacéuticos, así como la industria se han manifestado en contra del catálogo y apuntó los "problemas de desabastecimiento" que sufren algunas boticas. "El Gobierno de la Xunta tiene que volver atrás, derogar esta ley", pidió Modesto Pose.
El portavoz parlamentario del PP en materia sanitaria, Miguel Santalices, destacó, en declaraciones a Europa Press, que este recurso de inconstitucionalidad representa una "mala noticia" y ha considerado que "entendieron mal el mensaje". "Nunca estuvimos en un pulso con el Ministerio de Sanidad, sino por la sostenibilidad del sistema".
Por su parte, la portavoz de sanidad del BNG, Ana Luísa Bouza, expresó el rechazo de su formación al recurso del Gobierno central, al tiempo que indicó que se "están produciendo problemas tras la implantación del catálogo gallego". Atribuyó este problema a la "mala gestión de la propia Consellería de Sanidade", a lo que suma la "falta de negociación con las farmacias y la ausencia de información a usuarios y facultativos". La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, solicitó ayer la comparecencia de Leire Pajín para que explique el porqué del recurso.
