MANUEL RECIO Consejero de Empleo "No hay nada que temer. Ha habido absoluta transparencia y legalidad"

El consejero de Empleo, Manuel Recio (Madrid, 1963), maneja junto a las pésimas cifras del paro la mayor patata caliente judicial que afronta la Junta: un escándalo de comisiones ilegales que crece cada día. La policía ya ha desvelado irregularidades en tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) distintos. Pero sobre todo subraya la ilegalidad en el uso arbitrario de un fondo de ayudas públicas para empresas por 647 millones de euros, que no pasó los filtros estipulados. Recio se aferró ayer a una interpretación contraria a los investigadores y la juez del caso: las ayudas no se concedieron a las empresas, sino a las personas. Ello pese a que documentos de su consejería le contradicen y reflejan con claridad que están destinadas a "empresas" y debieron pasar por el Consejo de Gobierno. "Empleo no tiene ni ha tenido jamás fondos ilegales", repitió tras las explosivas declaraciones del ex director general Javier Guerrero, que definió las ayudas como "un fondo de reptiles". Recio afirma que la gestión de Empleo ha sido en todo momento "impecable y transparente".

"Actuaríamos para recuperar los fondos si hubiera ilegalidades" "Si alguien ha hecho algo mal, somos los más interesados en que se conozca"

"El mecanismo de control dependía de la Intervención, no de Guerrero" "En la Junta no conocemos que hayamos vulnerado ninguna norma"

Pregunta. La policía menciona que la utilización del fondo contraviene dos leyes. ¿Estuvo de acuerdo el gabinete jurídico sobre el procedimiento?

Respuesta. No conozco el informe policial, pero todos los fondos manejados son absolutamente legales, los procedimientos existen y, si ha habido cualquier incumplimiento, no ha sido porque no hubiera procedimiento. En la Junta no conocemos haber vulnerado ninguna norma.

P. En 2010, la consejería modificó el procedimiento para conceder las polémicas ayudas a empresas en crisis tras un informe interno. ¿Qué estimó necesario cambiar el informe?

R. No recuerdo los pormenores del informe, pero sí las conclusiones, que tenían dos modificaciones: recuperar desde la consejería a quién van las ayudas y el hecho de publicar las actuaciones. Es cierto que yo las aplico, pero el trabajo interno es previo a mi llegada.

P. En aras de la transparencia de la que presume, ¿se hará público el informe que recomienda el cambio tras nueve años cuestionados por la policía?

R. Bueno, los informes son internos y, por tanto, no voy a hacerlos públicos, pero sí sus consecuencias. Ahora es mejor desde el punto de vista de la publicidad. Pero no porque fuera ilegal o irregular, sino por asemejar más a lo que es el funcionamiento que solemos tener en otro tipo de ayudas que prestamos. Tampoco cuesta nada el hecho de que sea publicado en el BOJA.

P. ¿Teme que la escalada en el caso Mercasevilla afecte al Ejecutivo tras la previsible comparecencia de dos ex consejeros como imputados o testigos?

R. Creo que cuando alguien actúa desde la transparencia y la colaboración con la justicia, no debe temer nada. Al contrario, debe tener la fortaleza de su propia actuación y del sistema en el que está metido. Creo profundamente en el sistema, en la justicia y en la democracia. No hay nada que temer. Hay absoluta transparencia, legalidad, norma, aplicación y, si hay alguien que haya hecho algo mal haciendo todo esto, los primeros interesados en que se conozca somos nosotros.

P. ¿Considera que Empleo corre algún riesgo por los pagos comprometidos antes de 2009? ¿Deberían interrumpirse?

R. No conocemos, de momento, ningún tipo de ilegalidad en los pagos que estamos haciendo. Si hubiera ilegalidad, actuaríamos para recuperarlos.

P. Existen múltiples informes que señalan que las ayudas fueron concedidas a empresas y no a trabajadores. ¿Cree que convencerán a la policía o a la juez de que, efectivamente, esas ayudas son individualizadas?

R. Bueno, no es una cuestión de convencer o no. Las ayudas son individuales porque son, en muchos casos, prejubilaciones. No se prejubila una empresa, se prejubila una persona. Las ayudas como ayudas individuales a personas que se ven afectadas por un proceso de un ERE y hay que distinguir una cuestión de otra, porque hay, en ocasiones, expedientes realizados en Andalucía que no llevaron aparejadas una ayuda de este tipo y en otros casos sí. Y esas ayudas siempre son ayudas individuales.

P. ¿Se especifican las ayudas individuales en el convenio?

R. No están especificadas a ese nivel, pero las ayudas están claras a quién iban destinadas. No hay nada que ocultar. Todo es legal.

P. Pero en esos mecanismos de control, la persona clave es Javier Guerrero, ex director general que su sustituto desautorizó en un informe. ¿Fueron los controles suficientes?

R. El mecanismo de control dependía del Servicio de Intervención de la Junta, no de Guerrero. Nuestra actuación es fiscalizada por la Intervención y no debemos dudar de que todo sea legal.

P. ¿Cómo se explica que durante nueve años la Intervención no identificara ningún error por parte de Guerrero?

R. No le puedo decir, pero los mecanismos han funcionado.

P. ¿No considera que hay suficientes indicios de irregularidad sobre la gestión de Guerrero?

R. Bueno, están en un juzgado y la juez decidirá.

P. ¿Y han detectado errores?

R. Eso no se lo puedo decir.

P. La policía denunció en su informe que ni siquiera existían peticiones por parte de las empresas beneficiadas.

R. Me imagino que estas solicitudes estarán en todos los expedientes...

P. Los investigadores también denuncian el papel de los intermediadores. ¿Se siguen utilizando esos brokers?

R. No. Ni conozco a Guerrero ni a Lanzas. Pero en este tiempo, con el de Astilleros de Huelva y Fertiberia no hemos utilizado intermediarios, solo directamente con las compañías de seguros.

P. ¿Fueron innecesarios?

R. No evalúo nada del pasado.