La Generalitat debe a Barberá más de 31 millones

El consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, arremetió ayer contra el Gobierno español por asfixiar económicamente a los Ayuntamientos, pero obvió que la Generalitat adeuda -según datos de la oposición- 31,6 millones de euros por servicios de competencia autonómica y transferidos al Ayuntamiento de Valencia por convenio. Además, los socialistas denuncian que el Ayuntamiento que preside Barberá "ha perdonado", sostiene el edil socialista Juan Ferrer, otros 120 millones de euros a la Administración de Francisco Camps en concepto de impuestos, la mayoría relacionados con grandes complejos como la Ciutat de les Arts.

No era el tema, pero las carencias financieras de Valencia se tocaron de refilón en la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento, que ayer se reunió para trabajar en un borrador de Carta Municipal con rango de ley para la tercera capital de España. Esta ley de capitalidad persigue desde 2005 a Valencia sin ningún éxito. Los populares han aprobado mociones a favor y hecho declaraciones pero a la hora de la verdad, en 2006, se negaron a que el Estatut d'Autonomía la incluyera y al día de hoy no tienen claro el modelo por el que apostar. "Tiene que aclarar las competencias que debe prestar el Ayuntamiento y la financiación necesaria para llevarlas a cabo", manifestó Barberá.

La ley prevé que la ciudad participe en la recaudación de tributos estatales

La ley de capitalidad es importante para Valencia porque define las competencias -ya sean estatales o autonómicas- que la ciudad quiere prestar y se asegura que esas otras Administraciones financien los traspasos. La aprobación a mediados de 2020 de la ley valenciana de Régimen Local ha rescatado del olvido la Carta Municipal, gracias, sobre todo, a la presión ejercida por los socialistas.

Junto al despacho de la alcaldía, Barberá y Blasco no quisieron pronunciarse sobre si les parece mejor el modelo adoptado por Barcelona o el escogido por Madrid. Lo único que Barberá apuntó es que esta última ciudad es "capital del Reino" y por ello tiene "una serie de características que nosotros no podemos asumir". La alcaldesa se mostró a favor de una Carta Municipal "breve, escueta y muy clara". Según Barberá, el documento, que se consensuará con la oposición, debe defender mucho la libertad y la autonomía local y evitar el intervencionismo de otras Administraciones. La alcaldesa se refería sin mencionarlo expresamente a la obligación de que sean consorcios entre las tres Administraciones los que fiscalicen la prestación de servicios públicos asumidos por las Corporaciones locales.

El PP quería un proceso de aprobación rápido y un texto sin demasiadas complicaciones, pero al final el proceso de elaboración de la Carta Municipal será más largo. Una comisión mixta trabajará para afinar el texto original y el amplio paquete de enmiendas presentado por la oposición. De este órgano saldrá una propuesta de proyecto de ley que se llevará a las Cortes Valencianas, donde se debatirá y aprobará.

Además de presentar esta propuesta, la comisión trasladará al Parlamento valenciano y a la Cámara Baja la de la ley Reguladora de Régimen Especial de Valencia para poder participar en la recaudación de tributos estatales.

La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, presente en la reunión, manifestó a la salida su deseo de trabajar desde el "consenso" para avanzar en lo que supone "una carta constituyente de la ciudad" en la que los partidos políticos están interesados. "Dentro del propio Ayuntamiento realizaremos los trabajos, entre los dos partidos políticos, para mejorar al máximo la Carta Municipal de Valencia, que queremos que sea moderna y ambiciosa, y que esté a la altura de los tiempos y a la altura de la ciudad", afirmó.

Alborch apostó por que el texto resultante "reconozca los derechos de la ciudadanía, las competencias y la financiación". La voluntad es que este texto se consensúe en poco tiempo y se traslade lo antes posible al Parlamento valenciano, insistió el consejero y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco.