Ocho detenidos por cobrar a jornaleros extranjeros por contratos falsos

La Guardia Civil de Huelva ha detenido en el último mes a ocho personas por su presunta integración en una red que explotaba jornaleros inmigrantes indocumentados en las localidades onubenses de Cartaya, Punta Umbría, Almonte y Lepe. La investigación comenzó a finales de 2010 en las provincias de Huelva y Jaén y todavía sigue abierta. No se descartan más detenciones.

Según los agentes, los acusados ofrecían a los extranjeros contratos de trabajo falsos para la recolección de la fresa y otras tareas agrícolas a cambio del pago por anticipado de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.000 y los 2.000 euros. Cuando los extranjeros irregulares se disponían a comenzar su jornada, encontraban que todo había sido un montaje y que los contratos no existían.

Uno de los detenidos, vecino de Punta Umbría, se hacía pasar por el abogado que avalaba la legalidad de los permisos. Las víctimas creían que sus papeles estaban en regla e incluso los presentaron en varias administraciones. El último de los arrestados, un ciudadano marroquí que había abandonado la provincia onubense, fue localizado en Los Villares (Jaén) la semana pasada.

Estafas

La investigación no aporta una cifra concreta de víctimas aunque podría superar el centenar. Los presuntos estafadores procedían de Marruecos, Lituania, Georgia y Rumanía. Están acusados de varios delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros.

Los agentes sospechan que los presuntos estafadores consiguieron en algunos casos regularizar fraudulentamente a varias personas. En otras ocasiones, los integrantes de la supuesta red contrataron para labores agrícolas a inmigrantes en situación legal, a los que sin embargo, no llegaban a dar de alta en la Seguridad Social. También se han detectado ofertas fraudulentas que se acordaron en los países de origen. A la mayoría de los estafados se les entregaba todo tipo de documentos falsificados pero, en algunos casos, ni siquiera se les mostraba un contrato, le decían que no debía firmarse nada o hacían que figuraran distintas personas en los documentos.

Entre los objetos intervenidos en la operación figura numerosa documentación y una pistola de fogueo, utilizada supuestamente para amedrentar a las víctimas.