La Junta prevé la clausura de entre 500 y 600 pozos ilegales en Doñana

Por fin ayer se publicó el plan especial de ordenación de las zonas de regadíos del norte de la corona forestal de Doñana, que busca poner en orden la agricultura en este sensible espacio. En el documento se definen los parámetros que tendrán que cumplir las explotaciones agrarias para poder regularizar su situación. Uno de los elementos determinantes es el agua disponible en la zona, en su mayoría almacenada en el acuífero 27, que surte al parque de Doñana. La Consejería de Medio Ambiente indicó ayer que, cuando se apruebe definitivamente el plan, se deberán clausurar entre 500 y 600 pozos que ahora extraen sin permiso agua de esta reserva subterránea. Los ecologistas llevan años reclamando el cierre de estas captaciones.

WWF critica que no se aclare qué plantaciones se deben eliminar

En el plan también se especifica que se podrán dedicar al regadío unas 9.000 hectáreas, como ya informó este diario. Sin embargo, esta superficie puede cambiar en función de la mejora de los sistemas de regadío y los recursos disponibles cada temporada. El plan estará en fase de información pública dos meses para que los afectados puedan presentar sus alegaciones al documento.El plan de ordenación utiliza como referencia el 2004, año en el que entró en vigor el Potad (Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana). En el documento se especifica que solo tendrán consideración de "suelos agrícolas regables" 8.952 hectáreas, de las que más de la mitad están ubicadas en el término municipal de Almonte (Huelva).

Se trata de los cultivos de regadíos que ya existían en 2004, con lo que las plantaciones que han surgido posteriormente tendrán que desaparecer. Además, tampoco se podrán regularizar "los terrenos sobre los que hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización de forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin ajustarse a la resolución de autorización emitida por la Administración forestal".

Sin embargo, la Consejería de Obras Públicas, que es la encargada de la tramitación del plan de ordenación, volvió a negarse ayer a informar del número exacto de hectáreas que deben eliminarse del entorno de Doñana. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, que también ha participado en la elaboración de este documento, señalaron que la previsión es que se eliminen entre 800 y 1.000 hectáreas, aunque tampoco informaron de la cantidad exacta.

La organización ecologista WWF criticó ayer que el plan no cifre las hectáreas ilegales ni incluya un mapa que determine qué cultivos se quedan fuera de ordenación. Felipe Fuentesalz, de WWF, sostuvo que, en una reunión celebrada el verano pasado, la Junta de Andalucía trasmitió a las organizaciones ecologistas y a los alcaldes de la zona que deberían eliminarse entre 1.400 y 1.500 hectáreas, aunque la Administración nunca entregó un documento oficial que recogiera estos cálculos.

La elaboración de este plan, que se acordó en 2007, ha estado rodeada de presiones. Por un lado, los Ayuntamientos afectados han presionado para intentar salvar el mayor número de plantaciones, la mayoría de ellas de fresa. Por otro, los mercados internacionales también han estado siguiendo de cerca este problema, que se arrastra desde hace años. Muchos agricultores pidieron que se pusiera de una vez orden en la zona para no perjudicar la imagen de sus productos dentro y fuera de España.

Pero la presión que resultó definitiva fue la de la visita de los representantes de Unesco, UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y del convenio Ramsar al parque de Doñana. Un día antes de que llegaran estos expertos -la Unesco ya había mostrado su preocupación por el desorden de los usos del suelo en la zona-, la Junta anunció la publicación inminente del plan de regadíos.