El dilema del plan privado

Los planes de pensiones privados -la suma de los planes individuales, de empleo y asociados- mueven al año cerca de 85.000 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable para algunos -los sindicatos han acusado al Gobierno a lo largo de sus negociaciones sobre el futuro de las pensiones públicas de querer fomentar las privadas y dar así negocio a los bancos y cajas de ahorros- y, para otros, muy por debajo de lo "normal" en otros países de nuestro entorno europeo, por lo que habría que seguir fomentando las pensiones privadas vía fiscalidad, liquidez y acuerdos entre sindicatos y compañías en los convenios colectivos.

La actual legislación establece que los planes de pensiones privados pueden cobrar una comisión máxima (suma de la de gestión y depósito) del 2,5%. Según los datos de Inverco, los planes de pensiones del sistema individual aplican en promedio una comisión global del 1,4% y los de empleo, del 0,2%, lo que hace que la media ponderada se coloque en torno al 0,9%. O lo que es lo mismo, sobre esos 85.000 millones de euros gestionados, las entidades se embolsan más de 800 millones de euros al año. No hay que perder de vista que, salvo excepciones, estas comisiones se cobran sobre el patrimonio invertido, por lo que cada 1.000 euros adicionales que lleguen a estos productos, las gestoras de planes cobrarán entre 2 y 14 euros.

La comisión media de los planes de pensiones es del 2,5% del patrimonio

Suscribir estos productos tiene ventajas fiscales a corto plazo

¿Un negocio rentable? Las entidades creen que no tanto -aseguran que, en ocasiones, difícilmente se cubren los costes administrativos- entre otras razones porque en los últimos años, bien porque los reembolsos en los planes han sido superiores a las suscripciones, bien porque los mercados han mermado la rentabilidad de estos productos -según VDOS Stochastics, el 98% de la caída patrimonial de estos productos en 2010 se debe a la pérdida de rendimientos- el negocio se ha estancado. (Ver cuadro adjunto sobre patrimonio). En parte, por esta razón se explican las agresivas campañas de captación de suscripciones que bancos y cajas llevan a cabo especialmente el último trimestre de cada año en las que se suele primar el traspaso de fondos de una entidad a otra.

Estos más de 800 millones de euros en comisiones tienen evidentemente sus pagadores. Los más de 10 millones de partícipes. La cuestión o problema, según se mire, radica en la percepción que tienen esos partícipes sobre esos gastos que se les aplican por gestionar su ahorro. Para los suscriptores del Plan Caixa Privada Bolsa Emergente, un plan de renta variable que acumula un 26,70% de rentabilidad en el año; o a los de Caja Ingenieros Multigestión (+21,3%); a los de Naranja Standard & Poors 500 (+20%); a los de Bestinver Global (+19,40%), o los de, entre otros, Banif Bolsa Usa (+18,9%), esas comisiones no tienen prácticamente relevancia. Para los titulares de planes de pensiones con rendimientos entre el 1% y el 2%, esas mismas comisiones suponen prácticamente el 50% de las ganancias reales del fondo. Para quienes han suscrito planes de pensiones que les generan pérdidas, simplemente estas comisiones son minusvalías adicionales.

Suscribir un plan de pensiones privado tiene ventajas fiscales a corto plazo. Su límite general de aportaciones es de 10.000 euros anuales (12.500 euros para contribuyentes con más de 50 años). Reducen directamente la base imponible en el IRPF. Por cada 1.000 euros, los particulares pueden ahorrarse en su declaración de renta anual entre 240 euros y 450 euros (este caso se aplica desde este año para las rentas superiores anuales a 200.000 euros). ¿Resultado? Uno en dos direcciones. El primero, que los partícipes reducen sus impuestos; visto desde una perspectiva financiera, es como si cada año obtuvieran un rendimiento adicional por su ahorro. Aunque teóricamente habría que repartir esta ventaja fiscal entre todos los años en los que se mantiene el plan y restarle posteriormente lo que habrá que pagar cuando se empiece a cobrar (todo el capital acumulado tributa como rendimientos del trabajo), la realidad es la percepción general de que "se gana dinero". El segundo, que ese ahorro a corto plazo que obtienen unos reduce los ingresos del Estado de todos. En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2011, la partida de beneficios fiscales correspondiente a "reducción por aportación a sistemas de previsión social" asciende a más de 885 millones de euros.

Al margen de la reforma sobre las pensiones públicas que se acaba de aprobar, incluso al margen de si los productos privados de previsión social son o no un negocio para las entidades financieras, la realidad es que en una gran mayoría de los casos el importe de las pensiones de jubilación no iguala casi nunca al de los últimos salarios percibidos. Si se desea mantener un nivel de vida similar, la solución pasa por ahorrar a largo plazo. Productos hay muchos y de los más variados entre los que habrá que buscar cuál se adapta mejor a la situación personal de cada uno en función de las aportaciones a llevar a cabo; la fiscalidad, la liquidez..., y los que mejores rendimientos obtengan no solo un año concreto, sino de forma reiterada en el tiempo. -