Pensiones nuevas para problemas viejos

A última hora, pero ha habido acuerdo. El Gobierno ha podido ampliar la edad de jubilación a los 67 años con el visto bueno de los agentes sociales en una reunión que se prolongó hasta pasadas las cuatro de la mañana y que ha permitido llevar al Consejo de Ministros los ejes del anteproyecto de ley aprobado el viernes. Así, la semana que viene José Luis Rodríguez Zapatero podrá presentar a la canciller alemana, Angela Merkel, la reforma de las pensiones que ha preparado y que, según reconocen la mayoría de los expertos consultados, responde más a las exigencias de Bruselas y de los mercados financieros internacionales que a la propia sostenibilidad económica del sistema. Será una de las mayores reformas de las pensiones llevadas a cabo en nuestro país.

Los expertos creen que la reforma servirá para calmar a los mercados

La demografía impondrá nuevos cambios del sistema en el futuro

Los sindicatos ven como un logro las mejoras para jóvenes y mujeres

El acceso a la pensión con 15 años de cotización puede generar picaresca

El sistema se irá ajustando en función de la esperanza de vida

El PSOE mantiene que las pensiones no se van a ver mermadas

Académicos y sindicatos sostienen que las prestaciones bajarán

El retraso en la jubilación anticipada permitirá ahorros rápidos

Los cambios se implantarán de modo gradual hasta 2027

Claro que la sostenibilidad del sistema está más que comprometida como consecuencia del envejecimiento de la población. En España, en Europa y en buena parte de los países de la OCDE. Las previsiones son elocuentes: los mayores de 65 años, que hoy representan el 16% de la población, serán el 32% en 2050, según los datos del INE. Lo que quiere decir que si actualmente existen 3,8 personas en edad de trabajar por cada jubilado, a mediados de siglo serán solo 1,8 cotizantes por cada pensionista. Los números se darán la vuelta.

Y, por el camino, llegó la crisis económica. El momento en que la mayoría de los países de nuestro entorno han tenido que emprender recortes en el Estado del bienestar. Y las pensiones son uno de sus máximos exponentes. Como en el caso español, en general, han elevado la edad de jubilación, han aumentado los periodos de cotización para percibirla y han limitado las jubilaciones anticipadas. En resumen, han optado por unas pensiones menos generosas que las anteriores, como diría el Banco de España.

"La reforma va en la buena dirección y servirá para tranquilizar a los mercados", opina el profesor titular del departamento de Economía de Esade, Josep Comajuncosa. "Su objetivo es reducir el gasto de las pensiones, dada la evolución de la población. Hoy se gasta el 8% del PIB, pero las previsiones indican que en 2050 requeriremos el doble de gasto. El único método es rebajar la pensión, disminuir el ratio entre la pensión media y la contribución que uno hace al sistema a lo largo de su vida laboral. De entrada es una reducción de las pensiones, no podemos llamarlo de otra forma. Pero si el crecimiento económico acompaña y generamos más rentas puede que la prestación mejore a largo plazo. Por eso hay que simultanear la reforma de las pensiones con otras reformas que permitan que la economía se recupere", explica.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, tiene claro que tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal (y que el PP parece dispuesto a apoyar), "las instituciones internacionales que aprietan al Gobierno español para acometer reformas estarán satisfechas". El problema es, a su juicio, que el anteproyecto de ley "hace recaer todo el coste sobre los trabajadores y no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo, por lo que requerirá nuevas reformas".

Y ese es el compromiso del Gobierno, revisar periódicamente el sistema para adecuarlo a sus requerimientos. A partir de ahora el Pacto de Toledo podrá realizar modificaciones en las pensiones cada cinco años, ha dicho el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

El Gobierno no ha calculado todavía cuál será el impacto en los ingresos y los gastos de la reforma, según el ex ministro de Trabajo y miembro de la ejecutiva del PSOE, Jesús Caldera. Lo hizo cuando su pretensión era la de alargar dos años la edad de retiro y de 15 a 25 el periodo de cómputo para establecer la pensión. Con esos supuestos se ahorraba dos puntos del PIB en pensiones, es decir, unos 40.000 millones de euros en 2030. Una cifra que, a tenor de los cambios introducidos por los sindicatos, se verá previsiblemente recortada.

Pero, ¿cómo se verá afectado el ciudadano de a pie por los cambios? Aunque todavía es pronto para conocer la repercusión que el anteproyecto de ley tendrá sobre las pensiones que cobran, algunos estudios realizados antes de conocer todos los extremos del texto apuntaban a que la rebaja en la prestación que recibirán los futuros jubilados oscilará entre el 5% y el 20%. Y la pensión media en España está en 905,94 euros. Ahora, según Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, el 15% de recorte que vaticinaba el sindicato con la primera propuesta del Ejecutivo, "será mucho menor, aunque reducción habrá". Así lo cree también Zubiri, que establece el descenso, al final del proceso, en el 10%.

Igual que ha sucedido en países como Alemania, Francia o Reino Unido, la reforma afectará sobre todo a las rentas más bajas. "Perjudicará a casi todo el mundo porque es en los últimos años de las carreras profesionales cuando más suelen aumentar los salarios y cada año que se alargue la base reguladora cuesta un 1% de la pensión", mantiene el catedrático de Hacienda Pública del País Vasco.

Aunque Jesús Caldera afirma tajante: "No se van a reducir las pensiones. Dependerá de cómo evolucionen los salarios y la economía en el futuro. Hay que ver el sistema en su conjunto". Y reconoce que la mayor incidencia que la reforma tendrá es en términos de confianza económica. "Despejará dudas sobre nuestra economía y abaratará la deuda pública", asevera.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha destacado que la reforma se basa en la gradualidad para que sus efectos se diluyan en el tiempo y se mitigue el impacto en las pensiones. Y ha recalcado que no afecta a los pensionistas actuales de forma alguna. "Solo será para los nuevos pensionistas y para los cotizantes del futuro". Entrará en vigor en 2013 y su transitoriedad durará hasta 2027, cuando se retiren los primeros pensionistas con 67 años.

- Edad de jubilación

A partir de 2013 los españoles que cuenten con 38 años y seis meses de vida laboral (no 35 como hasta ahora) podrán seguir jubilándose a los 65 años con el 100% de su pensión. Según Toni Ferrer, "este cambio respecto a la pretensión del Gobierno de ampliar la vida laboral a 40 años permitirá que casi el 50% de los trabajadores se puedan retirar a los 65 años como actualmente". El proceso para pasar de los 35 a los 38,6 años de cotización será gradual, a razón de seis meses cada año y en siete escalones.

También podrán jubilarse a los 65 años quienes no hayan cotizado esos 38 años y seis meses. Eso sí, se les aplicará un coeficiente reductor del 1,8% por trimestre, lo que mermará su pensión.

Pero el objetivo es que en 2027 la edad legal de retiro esté en 67 años. En este caso será posible con menos años cotizados, concretamente con 37, algo que es bien visto por los expertos, ya que trata de hacer el sistema más equitativo, "y que quienes más años coticen puedan jubilarse antes", defiende Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE. Para pasar de 35 a 37 años paulatinamente se establecerá un periodo de dos tramos; el primero de seis años, en el cual cada ejercicio se requerirá un mes más de cotización, y un segundo tramo, a partir del séptimo año, en el que se precisarán dos meses más.

- Periodo de cómputo

El alargamiento de la edad de jubilación y el del periodo de cómputo para calcular la base reguladora de la que resulta la pensión, ha declarado Valeriano Gómez, son las modificaciones centrales del sistema, que permitirán asegurarlo a largo plazo. Para hallar la prestación que le corresponde al trabajador, en vez de contabilizarse los 15 últimos años de trabajo como hasta ahora, se computarán 25.

El otro factor clave para el cálculo es la escala de aseguramiento, es decir, cuántos años hace falta cotizar para tener el 100% de la pensión correspondiente. Como hasta ahora, al 50% de la pensión se sigue accediendo con 15 años de cotización, algo que al director del Observatorio de Pensiones de Caser Seguros, Manuel Álvarez, no le parece muy equilibrado porque puede propiciar cierta picaresca de adquisición de pensiones con un coste bajo en términos de cotización, según explica.

Pero a partir de ese 50% a los 15 años, habrá una escala lineal, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Eso quiere decir que se sumará otro 2,27% anual hasta llegar al 100% a los 37 años. O, visto al revés, se restará un 2,27% anual por cada año que le falte para llegar a los 37 de cotización. Osea, si a un trabajador le restan cuatro años para llegar a los 37 de cotización que fija la reforma, percibirá el 91% de la pensión. Con el sistema actual, desde el 50% se iban sumando tres puntos anuales hasta llegar al 80% a los 25 años y dos puntos anuales hasta el 100% a los 35. Con la reforma, se avanza más lento al principio y se resta más por cada año que falta al final.

- Jubilación anticipada

La reforma posterga dos años la jubilación anticipada, igual que la edad legal de retiro. Una medida que, según el profesor Comajuncosa, tendrá más incidencia en el sistema de pensiones que el retraso del retiro ordinario. Se produce antes en el tiempo y, por tanto, genera ahorros más rápidos.

El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, afirma que han sido los sindicatos quienes han hecho desistir al Gobierno de liquidar esta figura, como pretendía.

El Ministerio de Trabajo señala que esta medida no se establecerá de forma gradual, sino que se pasará directamente de 61 a 63 años. Para retirarse a esa edad, lo que será voluntario, habrá penalización (un coeficiente reductor del 7%) y se precisarán 33 años cotizados.

Excepcionalmente los trabajadores que se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo, el cierre de empresas y situaciones de este tipo, podrán jubilarse a los 61 años con 33 años de vida laboral.

- Jubilación parcial

Continúa establecida a los 61 años y vinculada a unos contratos de relevo que permiten que un joven trabajador ocupe el puesto del empleado retirado a tiempo parcial. No han funcionado demasiado bien hasta ahora. De hecho, este tipo de contratos se ha caído hasta de las estadísticas del Ministerio de Trabajo por su escasa utilización. Y las previsiones apuntan a que así seguirá sucediendo, puesto que el cambio introducido en la reforma es que la empresa pague gradualmente la cotización del relevado y el relevista, hasta ahora subvencionado.

- Incentivos

Para conseguir que edad legal y edad real de jubilación se acerquen más entre sí, el Gobierno ha optado por incentivar a quienes se retiren después de los 67 años. Un premio del 3,5% que, en opinión de Manuel Álvarez, es demasiado escaso si se quiere convencer a los trabajadores para que se queden en su puesto.

- Jóvenes y mujeres

Esta es la parte de la reforma de la que más orgullosos se sienten los sindicatos, pues las mujeres y los jóvenes iban a ser los más afectados por el alargamiento de la vida laboral, puesto que son los que cuentan con carreras profesionales más cortas que el resto por obra y gracia de la maternidad y la posición de becarios (esa situación que Valeriano Gómez ha definido como "a medio camino entre la enseñanza y el trabajo no siempre reconocido").

Los dos grupos podrán ampliar hasta dos años sus periodos de cotización para cubrir sus lagunas. Las empresas serán quienes paguen los seguros sociales de los jóvenes a través de convenios con la Seguridad Social. A las mujeres se les reconocerán nueve meses por hijo hasta un máximo de tres vástagos.

También se mejoran las pensiones mínimas de las mujeres solas, más expuestas a situaciones de pobreza, una medida muy necesaria para el director del Observatorio de Pensiones de Caser, "puesto que España es uno de los países con mayor porcentaje de mujeres mayores de 80 años que residen en solitario".

- Factor de sostenibilidad

Igual que han hecho ya países como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Alemania, Finlandia, Portugal y Dinamarca en las últimas revisiones de sus sistemas de pensiones, en España se tendrá en cuenta la esperanza de vida para procurar su estabilidad presupuestaria a largo plazo. Cada cinco años se revisará la evolución de la esperanza de vida. Es algo que a Ignacio Zubiri le da cierto miedo porque abre la puerta a nuevos recortes de las pensiones y que, para el directivo de Caser, es importante, aunque poco coherente desde el punto de vista técnico.

La esperanza de vida tras la jubilación, explica este experto, crece a ritmos de un año por cada lustro. A los 67 años, está en unos 15 años. Pero, dentro de cinco años, probablemente ya habrá subido a 16 años, con lo que obligará al Gobierno a elevar otra vez la edad de jubilación un año o a rebajar las pensiones un 7%, sostiene Manuel Álvarez.

Como la mayor parte de los expertos consultados, piensa que esta reforma no será en absoluto la última antes de 2027, cuando tendrá efectos plenos. De ahí que, en su opinión, los cambios que se han aprobado actualmente son demasiado graduales en el tiempo, lo que minimizará su impacto.

La flexibilidad, sin embargo, es el elemento que defiende el socio de Backer & McKenzie, David Díaz, por cuanto será el que evite la conflictividad laboral. "Deja a salvo las pensiones de una generación y media o dos, por lo que quienes están en edades cercanas a los 50 años no tendrán que preocuparse por sus prestaciones", sostiene.

En cambio, Javier Díaz-Giménez mantiene que, "aunque el sistema de pensiones español se va a volver más sostenible, y por eso la reforma apunta en la buena dirección, no va a resolver los problemas a largo plazo".

Eso sí, Gobierno, sindicatos y patronal se muestran satisfechos de que se haya recuperado el consenso social. -