El juez da la razón a Iberdrola en su veto a la entrada de ACS en el Consejo

La primera batalla judicial entre Iberdrola y ACS ha caído del lado de la eléctrica. Un juzgado de Bilbao desestimó ayer la demanda, presentada en junio pasado por la constructora, para que se revocase el cese de su consejero en Iberdrola. La junta de la compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán, celebrada el 26 de marzo pasado, nombró a un representante de ACS en el Consejo de la eléctrica pero acto seguido lo destituyó. El argumento fue que era un competidor y que no bastaba con que fuera el principal accionista: entonces tenía un 12% y ahora ya cuenta con el 20% del capital de Iberdrola.

El fallo, dictado ayer por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, es categórico: "La destitución del consejero es conforme a derecho". Y avala el acuerdo del Consejo de Iberdrola en que se preserva "el interés social frente a los perjuicios" de la presencia de un consejero "designado por su principal accionista que a la vez es su competidor".

La destitución del consejero fue una medida "preventiva", avala el fallo

Existe un riesgo grave de "fuga de información relevante"

El magistrado da la razón así a la eléctrica en el núcleo del conflicto. Es decir, que ACS compite con Iberdrola en áreas de negocio como las renovables y la ingeniería. "Existe una relación de competencia significativa entre ambos grupos", dice el magistrado. Los datos de facturación, inversiones programadas y de valor de mercado en ambos grupos revelan que se trata de "sectores muy importantes dentro de sus estrategias empresariales", agrega en el fallo.

En contra de lo que sostenían los abogados de ACS en la vista celebrada la pasada semana en Bilbao, el juez rechaza que la concurrencia empresarial entre ambos grupos no suponga riesgo alguno para los intereses de los accionistas de la compañía eléctrica.

Entiende que ambos grupos concurren "en un mismo ámbito geográfico ofreciendo los mismos servicios" y que no son necesarios "especiales conocimientos económicos" para comprender que existe competencia en el acceso al mercado a través de la construcción de parques eólicos y centrales y en vender la energía generada.

Por ello, el fallo judicial concluye que la destitución del consejero de ACS "es una medida preventiva" que tiene en cuenta la competencia actual y "la posible competencia futura". El juez acepta "plenamente" las conclusiones del catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, quien argumentaba que la presencia del representante de ACS en el Consejo de Iberdrola originaría un "riesgo grave en términos de competencia" y especialmente en la "fuga de información relevante". La destitución, según el catedrático, "es racional desde el punto de vista económico-empresarial". Y califica al Consejo de Administración como "especial en relación con otros grupos empresariales, como puede observase en la escasa importancia de las operaciones que ha conocido el Consejo".

ACS anunció horas después que recurrirá el fallo ante la Audiencia de Vizcaya. La constructora adujo, durante el juicio, que el veto a entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola le supone un perjuicio de hasta 4.000 millones de euros al no poder consolidar en sus cuentas su posición en la eléctrica. Iberdrola había cifrado en 1.500 millones el impacto negativo de la entrada de ACS en su órgano de dirección.

Ambos grupos se verán en otro juicio en Madrid, esta vez por una demanda planteada por Iberdrola contra ACS. El pleito se basa en que, según la eléctrica, el grupo constructor ha publicitado unas cuentas que no reflejan la situación real de la compañía al no recoger la pérdida de valor de algunas de sus participaciones, entre ellas la de la propia Iberdrola.