Los socialistas negocian contrarreloj la ley del sector público

El PSOE intensificó ayer las negociaciones para intentar un acuerdo sobre el proyecto de ley de reordenación del sector público, cuyo plazo de presentación de enmiendas acaba mañana. Los socialistas Mario Jiménez, José Caballos y José Muñoz mantuvieron una reunión con los dirigentes del IU, Diego Valderas y Pedro Vaquero. También celebraron un almuerzo con representantes del CSIF y posteriormente se reunieron con los de Ustea, según fuentes de la negociación. A estas dos conversaciones se incorporaron miembros de la Consejería de Administración Pública.

Fuentes socialistas consideran difícil alcanzar un "acuerdo global" sobre el proyecto de ley, aunque sí ven margen para que los sindicatos corporativos hagan aportaciones. Sería una salida a la actual situación toda vez que las organizaciones convocante de la manifestación celebrada el pasado sábado lo que pidieron no es solo la derogación del actual decreto -que está en vía muerta-, sino también del proyecto de ley. Esta norma persigue dar cobertura legal a la supresión de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 agencias. El ahorro estimado con esta medida es de 118 millones de euros en tres años.

La posición del PSOE pasa por mantener los acuerdos alcanzados con CC OO y UGT, en los que queda claro que el acceso de los trabajadores de las entidades instrumentales suprimidas a la condición de funcionario o personal laboral "sólo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público".

"Mentiras"

IU propuso al PSOE que las empresas públicas se agrupen en un único tipo de agencia que se rija por el Derecho administrativo. Según Vaquero, esta propuesta podría servir de solución "intermedia", al tiempo que criticó el que los sindicatos de funcionarios y el PP no presenten propuestas más allá de pedir la derogación.

El portavoz socialista, Mario Jiménez, dijo que con el proyecto de ley lo que se persigue es "que quede claro las relaciones de puestos de trabajo y la potestad de los funcionarios". Jiménez calificó de "mentiras como una casa" la denuncia de los sindicatos corporativos de que la ley privatiza los servicios públicos y abre la puerta de atrás para hacer funcionarios a los empleados de las empresas públicas.