El Gobierno propone una comisión mixta sobre chiringuitos

El Gobierno español ha propuesto "por activa y pasiva", en el marco de un acuerdo de 2005 sobre gestión del litoral, hacer un seguimiento y resolver el problema de los chiringuitos, dijo ayer en Valencia el secretario de Cooperación Territorial del Ministerio de Presidencia, Gaspar Zarrías. Una comisión mixta, integrada por el Ejecutivo central y la Generalitat, debía de ocuparse de comprobar los establecimientos que cumplen con la normativa y dar una solución a los que no lo hagan.

Zarrías insistió en que el Estatuto de Autonomía valenciano no dispone de un título habilitante por el que se puedan ceder las competencias en materia de gestión de los chiringuitos, tal y como se ha hecho recientemente en Andalucía.

Zarrías se pronunció así en una conferencia de prensa celebrada ayer en Valencia. Acompañado por Ana Botella, delegada del Gobierno, Zarrías aclaró que había hablado de este asunto con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, "una pila de veces", y en todas ellas ha dejado claro que el Estatuto vigente en este momento, "bien porque no hubo voluntad política o bien por cualquier otra circunstancia", no tiene título habilitante para adquirir las competencias en chiringuitos.

Esto, según matizó, "no es un menoscabo ni una crítica", simplemente reiteró que el Estatuto de la Comunidad "no recoge la misma casuística, el mismo título habilitante que tienen Baleares o Andalucía". Y siendo "conscientes de este problema", dijo que desde el Gobierno se ha propuesto firmar un convenio que dé lugar a una comisión mixta. En este punto señaló que el responsable de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, se entrevistará en los próximos días para plasmar este documento, "que cumple los mismos objetivos que cumple el traspaso que se hizo hace un mes a Andalucía o en su momento a Cataluña", añadió.

Por lo tanto, subrayó que el objetivo es "ponerse de acuerdo" para que los ciudadanos y los empresarios de los chiringuitos "no tengan ningún tipo de inconveniente". La pretensión es "sentarse a una mesa y llegar a una conclusión, que parece que esto quiere utilizarse como un arma arrojadiza o de agravio con Andalucía u otro sitio. No es ningún tipo de agravio, simplemente hay cosas que en ocasiones sé que no nos gustan, que son las leyes", manifestó Gaspar Zarrías.