El juzgado insta al patrón del 'Nuevo Pepita Aurora' a pagar el reflotamiento

El Juzgado número 3 de Algeciras ha instado a José Vega, patrón del barco Nuevo Pepita Aurora, en cuyo naufragio en 2007 murieron ocho marineros de Barbate (Cádiz), a pagar en un mes el reflotamiento del pesquero, que permanece hundido desde entonces frente a la costa de Tarifa.

Un informe de la Dirección General de Marina Mercante cifra en millón y medio de euros el coste de esta operación, aunque ese precio podría duplicarse en condiciones meteorológicas adversas. La defensa de Vega, hasta ahora único imputado en la causa, ya ha recurrido este auto.

El abogado del patrón, Jesús Gómez, fue el que solicitó el reflotamiento del buque como una prueba fundamental para conocer las verdaderas causas del siniestro. En su opinión, el barco volcó por un mal diseño, que debería haber sido detectado en las rutinarias inspecciones, por lo que la responsabilidad de lo ocurrido no es de su cliente sino del astillero y de la Administración. Un informe del Ministerio de Fomento determinó que el pesquero llevaba peso de más y que los salideros de agua estaban taponados, de ahí que el patrón, responsable del viaje, fue imputado.

"Ni aunque se unieran mi cliente, la viuda y los supervivientes podrían sumar la cantidad que se pide", explica el letrado. En su opinión el que debe pagar ese dispositivo es el Estado porque es el que debe demostrar la culpabilidad del patrón. El plazo para ingresar el dinero, según la providencia judicial, expira esta semana aunque Gómez ya ha recurrido.

La tesis del abogado del patrón la comparte el representante de la viuda, Ramón Dávila, quien cree necesario el reflotamiento y entiende que debe ser la Administración la que asuma este coste. Fiscalía y acusación popular, en cambio, sí consideran que quien pidió la prueba es quien debe pagarla.

"Entendemos que no debe ser el Estado el que pague porque nunca ha requerido esta prueba. Debe hacerlo quien la ha pedido", sostiene el abogado Luis García, representante de esta acusación popular. Si no se entrega esa cantidad en plazo, el juzgado desestimará la necesidad de esa prueba y cerrará presumiblemente la instrucción.

El letrado del patrón ha explicado que recurrirá por entender que sin el barco reflotado no es posible analizar correctamente las circunstancias del siniestro.

En su día el Ministerio de Fomento salvó la ausencia de esta prueba con un simulacro en la comisión de siniestros marítimos que fue la que concluyó que el barco llevaba demasiada carga y sus salidores de agua estaban taponados. Para el juez y la Fiscalía estas conclusiones son suficientes.