Afectados por la ampliación de Alvedro piden al juez que se suspenda la obra

Cunde el desánimo entre los vecinos de Culleredo afectados por la ampliación de la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro, encajonado entre núcleos de población de este municipio del extrarradio de la capital provincial. Pero también las ganas de dar la batalla legal contra el proyecto del Ministerio de Fomento, de fuerte impacto social y ambiental, que ya han recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Paralelamente al levantamiento de actas previas a la expropiación y ocupación de bienes y terrenos necesarios para esta obra, un trámite iniciado ayer por representantes de AENA -se prolongará hasta el 1 de febrero-, la asociación de afectados, que engloba a unos 360 vecinos, prepara el escrito para pedir a los magistrados del alto tribunal gallego que, de forma cautelar, suspendan la ejecución de un proyecto que juzgan ilegal.

El abogado de los vecinos ve "elementos claramente ilegales"

Ampliar en 400 metros la actual pista de Alvedro, una obra presupuestada en 120 millones de euros y prevista para 2014, obligará a mover cuatro millones de metros cúbicos de tierra, eliminar 46 casas, -incluido un núcleo de población rural, O Curro, que se remonta a la Edad Media-, una fábrica con 130 empleados, un colegio, una quincena de edificaciones y elementos protegidos del patrimonio cultural de Galicia así como innumerables cultivos agrícolas.

"Pero ni siquiera se ha hecho aún ninguna propuesta de realojo a quienes perderán sus casas, muchos son personas mayores que llevan toda su vida viviendo en ese lugar", denuncia el abogado de los afectados, Xoán Antón Pérez-Lema. Saben que la batalla legal será larga, pero están decididos a ir a por todas porque en la documentación sobre la tramitación del proyecto, que aún no han conseguido obtener en su totalidad, ya hay elementos que, según el letrado, son claramente ilegales. Como por ejemplo, que el proyecto definitivo de obras fuera aprobado cuando ya llevaba más de un año caducado el plan director de Alvedro que marcaba todas las reformas y ampliaciones posibles para este aeródromo. Otro de los objetivos de los afectados es impugnar la declaración de impacto ambiental que Fomento tramitó sin dar respuesta a los cientos de alegaciones presentadas en contra, incluido el propio Ayuntamiento de Culleredo, que preside el socialista Julio Sacristán, alineado con los vecinos frente a una Adiministración de su propio partido.

Los afectados por las expropiaciones, que el ministerio hará por la vía de urgencia con la previsión de llevarlas a cabo en la próxima primavera, son citados de uno en uno desde ayer para el levantamiento de actas previas, un trámite en el que se determinará con los representantes de AENA el alcance de las propiedades que son necesarias ocupar o eliminar para realizar la ampliación de la pista. Pérez-Lema confía en que el Tribunal Superior se pronuncie a finales de febrero sobre las medidas cautelares que reclaman los afectados, como suspender la ejecución del proyecto mientras no se resuelva el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la obra.

El abogado de la asociación también reivindicará el derecho de retorno que tiene cada expropiado. No es otra que la obligación de la Administración de ofrecer a quien pierda su vivienda habitual una alternativa en condiciones semejantes y en un lugar cercano: "En toda este proyecto hay una absoluta falta de sensibilidad social por parte del Ministerio de Fomento, hay casi 200 familias que no saben dónde vivirán si sigue adelante la obra".