El PP reabre la batalla judicial con el Gobierno en torno a El Cabanyal
Barberá anuncia una querella por prevaricación contra la ministra de Cultura
"Vamos a seguir adelante, tenemos razones legales, jurídicas y electorales". Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, esgrimió ayer un informe de parte en torno a la orden del Ministerio de Cultura que paralizó los derribos en El Cabanyal para evitar el expolio del barrio marinero y lo presentó como una sentencia definitiva que avala la posición del Ayuntamiento y de la Generalitat a favor de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Tanta importancia concedió Barberá al informe jurídico, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado, que la alcaldesa, arropada por el consejero de Medio Ambiente y Vivienda Juan Cotino, anunció una querella por prevaricación contra la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde. El Ayuntamiento y el Consell subrayaron que la querella será conjunta, se formulará ante el Tribunal Supremo y se extenderá contra quienes hayan ordenado o "justificado con arbitrariedad" la supuesta legalidad de la orden ministerial.
El PP reabre así en plena precampaña de las elecciones municipales del 22 de mayo la batalla judicial con el Gobierno central en torno a El Cabanyal. Una batalla que se desató precisamente a raíz de la orden ministerial de diciembre de 2009 y que la alcaldesa recibió "como un regalito de Reyes".
Carmen Alborch, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, defendió la actuación de la ministra de Cultura: "El Gobierno ha protegido El Cabanyal de forma valiente desde el respeto a la legalidad y en el marco de sus competencias". Alborch añadió: "El Gobierno municipal no puede pretender que un dictamen jurídico encargado y pagado tenga mayor validez que las sentencias del Tribunal Supremo, que el informe del Consejo de Estado o que los autos del Constitucional".
Por su parte, la ministra de Cultura aseguró: "Cuando una Administración recurre a una querella es que no tiene otros argumentos de peso".
Alborch puso el dedo en la llaga cuando lamentó que Barberá "insista en su empecinamiento en prolongar el sufrimiento de los vecinos y vecinas del barrio y de enfrentarse con el Gobierno de España". La portavoz socialista invitó a la alcaldesa a renunciar a la nueva vía judicial y apeló a consensuar con los vecinos un plan alternativo a la prolongación para revitalizar El Cabanyal mediante la recuperación de su patrimonio, la construcción de vivienda pública protegida, la construcción de equipamientos y el impulso de su comercio.
La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (Acipmar) entregó un plan al Ayuntamiento para regenerar el tejido comercial en decadencia de El Cabanyal. Pero la alcaldesa replicó que no puede conceder licencias de apertura de nuevos negocios porque tiene "las manos atadas", una vez más, a través de una lectura restrictiva de la orden ministerial que paralizó los derribos.
Joan Calabuig, candidato socialista a la alcaldía de Valencia, quien ha sugerido la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el PP sobre el futuro de El Cabanyal, aseguró que la decisión de presentar una querella contra la ministra de Cultura supone "un desprecio a las esperanzas de los ciudadanos y ciudadanas de El Cabanyal porque el único camino para superar el problema es el diálogo y no profundizar en el conflicto". "Si alguien ha tenido abuso de poder en El Cabanyal es el PP y su política de destrucción", añadió Calabuig.
Amadeu Sanchis, candidato de Esquerra Unida al Ayuntamiento de Valencia, defendió que la nueva vía judicial demuestra "la nula capacidad del Ayuntamiento y la Generalitat para solucionar los problemas del barrio y para unir esfuerzos para su urgente rehabilitación y recuperación social".
El colectivo Salven El Cabanyal, que acudió a los tribunales en 2001 para paralizar el primer intento de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, denunció que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat se han limitado a "comprar con dinero público informes a medida que sigan las directrices políticas que se les dictan desde el Partido Popular".
Pero ni Barberá ni Cotino mostraron ningún interés por negociar nada. La alcaldesa apenas deslizó que "en el tiempo en que se formula la querella definitiva, el Gobierno debe reflexionar y restaurar la legalidad". Es decir, asumir que el Ayuntamiento, amparado por la Generalitat, tiene toda la legitimidad para derribar 450 edificios y partir por la mitad una trama urbana única.
Cotino apuntó que la orden ministerial supone "una agresión a nuestro autogobierno y a nuestra autonomía". "El Gobierno de España no mira a Valencia ni a la Comunidad Valenciana con los ojos de un Gobierno de toda España", añadió.
La orden ministerial en cuestión, de diciembre de 2009, paralizó los derribos de viviendas en El Cabanyal, unas obras que acababa de amparar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El ministerio invocó "el expolio del patrimonio" que implicaba la destrucción de un barrio declarado en su conjunto Bien de Interés Cultural por la propia Generalitat.
El Consell aprobó con urgencia un decreto para intentar sortear la orden ministerial. Al amparo de ese decreto, el Ayuntamiento aprovechó para derribar media docena de casas entre el 6 y el 8 de abril pasado en un ambiente de gran tensión.
El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del Consell. El alto tribunal admitió a trámite el recurso y, en julio pasado, acordó mantener la suspensión del decreto.
El informe que esgrimió ayer Barberá considera que la orden ministerial constituye una arbitraria desviación de poder para paralizar un plan urbanístico que desborda las competencias del ministerio.
Una década de pleitos contra la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez
- Salvem El Cabanyal planteó en 2001 los primeros recursos contra el plan del Ayuntamiento de Valencia de derribar 450 edificios de El Cabanyal y contra la orden ministerial que lo avalaba.
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó paralizar de forma cautelar todas las actuaciones en el barrio, declarado Bien de Interés Cultural por la Generalitat.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en septiembre de 2004 la orden ministerial que avalaba la ejecución del plan del Ayuntamiento de Valencia.
- El TSJCV aprobó el plan urbanístico municipal en octubre de 2004.
- El Tribunal Supremo avaló la decisión del TSJCV a favor del plan urbanístico en marzo de 2008.
- El Tribunal Supremo volvió a pronunciarse en mayo de 2009 sobre la orden ministerial que avalaba el plan. Sentenció que el proyecto cumplía la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana y deslizó que no tenía constancia de que el Estado hubiera ejercido sus competencias para evitar el expolio del patrimonio histórico.
- El Estado ejerció esas competencias a través de una orden del Ministerio de Cultura en diciembre de 2009 que ordenó la paralización de cualquier actuación en El Cabanyal para evitar un expolio del patrimonio.
- El Consell aprobó un decreto ley que antepuso la ejecución del plan municipal a la orden ministerial. El Gobierno recurrió ese decreto ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. El recurso fue admitido.
- El Consell llevó el decreto a las Cortes para darle rango de ley. La ley se aprobó el 31 de marzo de 2010.
- El Ayuntamiento aprovechó la ocasión para derribar seis viviendas en El Cabanyal entre el 6 y el 8 de abril, en un ambiente de gran tensión ciudadana.
- El Gobierno recurrió la ley valenciana ante el Tribunal Constitucional, que volvió a admitir a trámite el recurso y paralizó los derribos en El Cabanyal.
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