La alta inflación en plena crisis provoca una pérdida general de poder adquisitivo

La crisis golpeó con fuerza a funcionarios y pensionistas en mayo del año pasado, cuando el Gobierno redujo los sueldos en el sector público y congeló las pensiones para reducir el agujero fiscal, en pleno ataque de los mercados. La inflación eleva ahora el número de damnificados por la crisis: el fuerte incremento del índice de precios de consumo (IPC) en 2010 provocará una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores.

A diferencia de lo ocurrido en 2008 y 2009, los precios crecieron el año pasado más que los salarios: la inflación cerró 2010 con un alza del 3%; la subida media en el conjunto del año fue del 1,8%. Los sueldos pactados por convenio -que afectan a más de siete millones de trabajadores- crecieron el 1,3%, y la encuesta de costes laborales refleja aumentos aún menores. Esa diferencia supone una reducción automática del poder de compra de los salarios.

La subida de la luz, el gas y otras tarifas reguladas añadirá presión en enero

Funcas y Flores de Lemus revisan al alza sus previsiones para 2011

Entre esos siete millones de empleados con convenio, algo más de tres millones de trabajadores carecen de la protección de las cláusulas de revisión salarial. Esos son los más perjudicados por el alza de precios. Pero no solo esos: el dato de diciembre suele utilizarse para la actualización automática de salarios, alquileres y otros tipos de rentas, lo que provoca transferencias de poder adquisitivo. "La subida de la inflación comporta un empobrecimiento de la sociedad española: los trabajadores, y colectivos como los funcionarios y en menor medida los pensionistas, cargan con el grueso del impacto de la crisis, lo que en definitiva va a comportar una distribución de la renta más desigual", afirmó Santos Ruesga, de la Universidad Complutense.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, atribuyó la mayor inflación a la evolución de los precios de la energía y al aumento de impuestos. Campa confía en que a medida que se absorban las subidas impositivas "los incrementos de precios se mantengan a tasas similares a las de diciembre", aunque el 1 de enero entraron en vigor fuertes alzas de los precios regulados (de la luz, el gas y el transporte) que podrían deparar más inflación. Tanto Funcas como el Instituto Flores de Lemus elevaron ayer sus previsiones de IPC para 2011.

El número dos de Economía dejó un recado adicional: "Es deseable que la volatilidad del IPC y los precios de la energía no generen efectos de segunda ronda". En román paladino, el Gobierno espera que el alza de los precios no se traslade a los salarios, lo que generaría más costes para las empresas y a la postre nuevas subidas de precios, en una espiral muy perjudicial para la competitividad exterior de la economía.

El Banco de España lleva meses recomendando el menor uso de las cláusulas de revisión salarial para evitar esos efectos. En 2010, solo el 45% de los convenios incorporaron dichas cláusulas, frente al 70% de años anteriores. Ese dato permite apuntalar la moderación salarial para mejorar la competitividad, en el marco de un acuerdo plurianual alcanzado entre empresas y sindicatos con ese objetivo. "Pero a la vez implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que no están protegidos: los empresarios han trasladado a los precios prácticamente toda la subida de la energía y de los impuestos, en un comportamiento nada solidario con la situación crítica por la que atraviesa la economía española. Eso implica que una inflación tan elevada como la actual es muy nociva para los trabajadores", advirtió Miguel Ángel García, director del gabinete técnico de CC OO.

Ángel Laborda, de Funcas, afirmó que la inflación "comporta un empobrecimiento general", pero alertó también de los posibles efectos de segunda ronda y, a diferencia del economista de CC OO, aseguró que las empresas "no han trasladado una parte de la subida impositiva, por lo que también han visto recortados sus márgenes y sus beneficios".

La elevación del IPC desentierra el viejo conflicto del reparto de rentas entre empresarios y trabajadores, la aparente contradicción entre las necesarias ganancias de poder adquisitivo para elevar el consumo privado y la necesidad de contener los costes salariales para no perder competitividad. Y ahí la narrativa de los sindicatos y la patronal diverge y parece prácticamente irreconciliable: ante la notable alza de los precios de diciembre, CC OO defendió ayer la extensión de las cláusulas salariales en los convenios, en tanto que UGT abogó por la mejora del poder de compra de los trabajadores como condición necesaria para impulsar la recuperación de la economía; por el contrario, la CEOE consideró que "sería un error" en términos de competitividad tomar como referencia el IPC del cierre del año para actualizar las rentas y los salarios.

Y como telón de fondo en ese debate, Europa: el alza de precios en la eurozona fue al cierre de 2010 del 2,2%, frente al 3% español (una décima menos si se toma el dato comparable). El Gobierno sostiene que ese diferencial no supone perder competitividad: "Se debe a las subidas de impuestos, que no afectan a los productos que exporta España, y a la mayor incidencia de los combustibles en la economía española", dijo Campa. "La economía española está ganando competitividad", reiteró.