Negociación compleja

Parece que tras la tempestad puede venir la calma y que tras varios meses de un conflicto de enorme intensidad entre el Gobierno y los sindicatos, se empieza a entrever la posibilidad de sustituir la confrontación sobre problemas concretos por una negociación global, a través de la cual se puedan alcanzar soluciones para tales problemas susceptibles de ser aceptadas por todas las partes. Desde el fin de semana pasado en que empezó la maratoniana reunión del ministro de Trabajo con los líderes de Comisiones Obreras y UGT, a la que se incorporaron en algún momento de la misma dos de los vicepresidentes del Gobierno, a pesar de que nunca se ha dejado de transmitir el mensaje de que era muy difícil llegar a un acuerdo, también se ha transmitido la sensación de que nadie se iba a levantar de la mesa de negociación y, en consecuencia, a que, de alguna manera, se tendría que acabar alcanzándolo.

Obviamente, en el Estado realmente existente en España después de más de tres décadas de vigencia de la Constitución, las partes de una negociación global de esta naturaleza no pueden ser solamente el Gobierno y los sindicatos, sino que tienen que serlo también los empresarios. El hecho de que se haya producido recientemente la sustitución de Díaz Ferrán por Rosell al frente de la CEOE facilita que así sea.

Pero no solamente trabajadores y empresarios tienen que sentarse a la mesa de negociación, sino que también resulta imprescindible que lo hagan los partidos políticos en general y, sobre todo, aquellos que están en la oposición. En la situación en que ahora mismo nos encontramos, y en la que es evidente que se van a tener que hacer reformas de mucho calado y que van a tener que aplicarse durante un periodo relativamente largo, que no va a coincidir con la duración de cada legislatura, resulta imprescindible que las reformas sean pactadas entre todas las fuerzas políticas, independientemente de que al final no todas estén dispuestas a poner su firma en el pacto. El PP, por supuesto, pero también IU y nacionalistas de todas las nacionalidades o regiones con presencia parlamentaria, tendrían que participar en la negociación. Nadie debe quedar fuera.

En mi opinión, sería también, si no imprescindible, sí sumamente conveniente que también participaran las comunidades autónomas. No solamente porque son titulares de un poder cuyo concurso va a ser necesario para que los pactos que se alcancen se apliquen después escrupulosamente, sino además porque es mucho lo que con seguridad tienen que aportar.

Cuando se hicieron los Pactos de La Moncloa, las comunidades autónomas no existían. Pero hoy sí existen y de ellas dependen, de manera directa o indirecta, elementos esenciales de lo que va a ser el contenido de los pactos que puedan alcanzarse. La complejidad de la representación política de la sociedad española es muy superior a la del comienzo de la Transición, entre otras razones porque aquella era una sociedad que estaba empezando a constituirse democráticamente y esta es una sociedad que ya lo está.

Esta mayor complejidad tiene el inconveniente de que hace más complicado el proceso de negociación, pero tiene la enorme ventaja de favorecer, por un lado, que se pueda llegar a un consenso y de dar, por otro, una solidez muy superior al resultado de dicho proceso de negociación. Las comunidades autónomas tienen que ser partes del pacto que tiene que fraguarse en la sociedad española para dar respuesta a una crisis, que no es una crisis más, sino que, como escribía Juan Luis Cebrián el pasado domingo, es una crisis sistémica, de cambio de modelo.