Marbella recupera 24 parcelas que estaban ocupadas por particulares

El saqueo de Marbella (Málaga) durante los tres lustros de gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) no se limitó a las arcas del Ayuntamiento y del entramado de sociedades municipales. El descontrol se extendió al patrimonio público de suelo. Un número aún por determinar de fincas propiedad del consistorio, tanto edificadas como urbanizables, fueron registradas a nombre de particulares durante ese tiempo aprovechando la falta de vigilancia sobre el inventario municipal.

El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha recuperado desde junio de 2007 un total de 24 de estos inmuebles urbanos, por un valor estimado de 18,8 millones de euros. "No hemos adquirido nada, y menos con la deuda que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Todo el aumento del patrimonio ha sido por la vía de la recuperación", afirma el portavoz municipal y concejal de servicios jurídicos, Félix Romero.

Hay casos en los que el ocupante ha decidido devolver el bien municipal

Los promotores que firmaron convenios nulos también han entregado suelo

La última sorpresa ha llegado con el inicio del año. El consistorio ha detectado dos parcelas municipales de cientos de metros cuadrados en primera línea de playa en el núcleo de San Pedro Alcántara que figuraban a nombre de terceros y ha iniciado los procedimientos para que vuelvan al Ayuntamiento, su legítimo propietario.

Romero, que no especifica el lugar exacto de las fincas, entre otros motivos para no dar demasiadas pistas a sus ocupantes irregulares, cuenta cómo se tuvo conocimiento de ellas: "Las parcelas están ocupadas por dos negocios de hostelería. Descubrimos que los propietarios de estos establecimientos declaraban menos metros cuadrados de su actividad empresarial de los que ocupaban en la realidad. Al acudir al registro de la propiedad, nos damos cuenta de que la parcela es del Ayuntamiento pero que existe una inscripción adicional y que los ocupantes han puesto la finca a su nombre".

Los bienes públicos son inalienables -no se pueden transmitir a terceros-, inembargables y su propiedad no prescribe, pese a lo que pudieron creer los que se adueñaron de ellos en los registros. Una de las principales puertas abiertas para las enajenaciones irregulares fueron los errores que se generaron en los registros de la propiedad en las sucesivas segregaciones de las fincas matrices. Algunas parcelas municipales quedaron fuera de control, lo que permitió a algún astuto ocupante, acudir a un notario para que levante acta de ocupación e inmatriculación, e inscribirlas a su nombre. La falta de un archivo municipal digno de tal nombre y el caos documental de la era GIL también han facilitado las apropiaciones.

"Nos hemos enterado de la titularidad municipal del suelo de diferentes formas: a veces una comunidad de propietarios aporta un recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles sobre un bien que no aparece por ningún sitio, otras, a través de impuestos sobre esas fincas de otras administraciones y también a través de procedimientos judiciales, cuando nos informan nuestros abogados", afirma Romero.

Además de las recuperaciones de oficio, promovidas por el consistorio cuando se encuentran con la oposición de los ocupantes ilegales, se han dado casos "en los que el bien se devuelve por iniciativa de quienes lo poseen". También se ha incrementado el patrimonio de suelo después de que promotores que firmaron convenios urbanísticos declarados nulos hayan entregado ese suelo municipal para evitarse más problemas.

El procedimiento para recuperar las fincas depende del tiempo que lleven inscritas en el registro. Si el plazo es inferior a dos años, la inscripción tiene aún carácter provisional y se puede impugnar administrativamente. Si ya han pasado los 24 meses, la inscripción es firme y hay que acudir a los juzgados forzosamente.