La fundación que investiga el fiscal registró una donación de inmuebles
La cifra coincide con los pisos que Blasco dice haber retirado de la subvención
La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) reflejó en sus cuentas de 2008 un inmovilizado material de 899.450 euros. La mayor parte de ese nuevo patrimonio, evaluado en 861.350 euros, correspondía al epígrafe de "edificios y otras construcciones". A su vez, esa cifra representaba el grueso del apartado de subvenciones, donaciones y legados, que ascendía a 942.314 euros. Unas subvenciones cuya procedencia atribuía la propia entidad a la Consejería de Inmigración y Ciudadanía (hoy Consejería de Solidaridad y Ciudadanía).
Según las cuentas de la Fundación Cyes, a las que ha tenido acceso este diario, por tanto, la entidad presidida por Marcial López recibió en 2008 unas donaciones o subvenciones que se convirtieron en patrimonio inmobiliario por una cantidad muy similar a la que la consejería que dirige Rafael Blasco dice haber desestimado en la tramitación de las ayudas a sendos proyectos de cooperación en Nicaragua que incluían la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia.
El nuevo patrimonio inmobiliario se refleja en las cuentas de 2008 y 2009
La adquisición de los pisos con cargo a los fondos de las subvenciones fue denunciada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado ante el fiscal anticorrupción, que está investigando el caso. El propio Blasco ha asegurado que, antes de cerrar los proyectos, exigió a la Fundación Cyes otras facturas y justificantes para dar por buenas las subvenciones de 833.409 euros cada una, debido a que habría sido irregular aceptar la compra de inmuebles. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía aportó, para apoyar esa afirmación, una relación de gastos correspondientes a la adquisición y reforma de los pisos que habría descartado y que ascendían a poco más de 978.000 euros en conjunto. Una cifra muy similar a la que declara la Fundación Cyes en sus cuentas.
La aparición de ese patrimonio inmobiliario de la Fundación Cyes se refleja de nuevo en las cuentas de 2009 que depositó en el Registro Mercantil, a las que también ha tenido acceso este diario. En ellas, ya figuran como domicilio social de la fundación los entresuelos de la avenida de Ausiàs March, en Valencia, que adquirió la entidad y en los que actualmente tiene su sede. Esas cuentas de 2009 corrigen ligeramente las cifras y reflejan un inmovilizado material de 927.946 euros y unas "subvenciones, donaciones y legados recibidos" de 917.283 euros. Los edificios o construcciones, sin embargo, siguen siendo valorados en 861.350 euros.
De acuerdo con la documentación aportada por la diputada Tirado al fiscal, los movimientos bancarios de las cuentas de la Fundación Cyes revelan que la consejería ingresó el 11 de septiembre de 2008 subvenciones de 833.409 euros para cada uno de los proyectos en Nicaragua. Apenas un mes después ya habían salido de cada una las cuentas más de 400.000 euros para pagar los entresuelos y 208.352 para pagar una asesoría de la empresa Arcmed, cuyo papel también investiga el fiscal.
Subvenciones bajo sospecha
La Generalitat ha subvencionado esta legislatura "a más de un centenar de entidades para la ejecución de un total de 900 proyectos por un importe de 161,84 millones de euros", aseguró ayer en un comunicado la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. El titular del departamento, Rafael Blasco, aseguraba en la nota que "más de ocho millones de personas" de 43 países han resultado beneficiados por la cooperación valenciana en ámbitos como la salud, la agricultura, la mujer y el desarrollo, el abastecimiento de agua y el desarrollo rural.
Estos dos últimos ámbitos, precisamente, eran el objeto de los dos proyectos en Nicaragua subvencionados a la Fundación Cyes en 2008 que están siendo investigados por el fiscal anticorrupción tras la denuncia de la diputada socialista Clara Tirado. No son las únicas ayudas bajo sospecha. El mismo fiscal anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, investiga una supuesta trama de desvío de fondos de cooperación centrada en una entidad (ahora denominada Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, tras haber tenido que abandonar por sentencia judicial el nombre de Fundación Solidaria Entre Pueblos) que habría utilizado a pequeñas ONG para gestionar sus proyectos y subvenciones. Una abundante documentación sobre este segundo caso ha sido aportada por la diputada Mireia Mollà, de Compromís.
