Y el cuento se acabó

Políticamente, 2010 ha sido el año en que la crisis abrasó a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella semana de mayo en que Rodríguez Zapatero fue llamado al orden desde Bruselas y desde Washington y se puso a los pies de los mercados financieros, se rompió definitivamente la conexión entre la ciudadanía de izquierdas y el presidente del Gobierno. Zapatero venía lastrado por una trampa que se tendió a sí mismo: la negación de la crisis, que condicionó negativamente su política en la fase inicial del vía crucis.

Sin embargo, el presidente del Gobierno había resistido hasta entonces aferrándose a la promesa de una respuesta social. Para ello optó por algunas soluciones imaginativas que resolvieron poco o costaron mucho, como los famosos 400 euros de devolución fiscal de la campaña electoral de 2008 o el llamado plan Zapatero de microurbanismo. Pero mantenía algún activo importante: la falta de conflictividad social y la sospecha de que con el Partido Popular las cosas irían aún peor para las clases populares.

El día en que caiga, Zapatero será el político errático quemado por la crisis que la derecha aplastó

El giro de mayo acabó con este cuento. Y Zapatero se convirtió en un presidente sin autonomía, sin capacidad de definir una política propia, a remolque permanente de las exigencias de Bruselas y de los mercados que cada día parecen más la misma cosa. Los sindicatos organizaron una huelga general de guante blanco, pero era un aviso de que la paciencia tiene un límite. La promoción de Rubalcaba ha tenido un efecto perverso: ha revalorizado al ministro pero ha eclipsado al presidente. El hundimiento del PSC en Cataluña es inevitablemente leído con carácter premonitorio. En este estado de desconcierto, han caído dos decisiones que parecen catalizadores de la fuga del electorado socialista: la retirada del subsidio a los parados de larga duración y, ahora, el incremento, en casi un 10%, del coste de la electricidad.

Llegamos a 2011 con la sensación de que los ciudadanos van a notar más que nunca los efectos de la crisis porque les están llegando las facturas por todas partes. Y la presión de los mercados financieros va en la dirección de acelerar este pago, con la reducción de salarios y con el aumento de los costes incluso para los servicios más elementales. En este contexto, el Gobierno socialista se apunta al mito de la derecha de que los parados no encuentran trabajo porque ya se conforman con el subsidio. Y deja sin ayuda a los empleados que están en peor situación.

Este mismo Gobierno aprueba un aumento sin precedentes de las tarifas eléctricas, cuando las compañías del sector han repartido 3.500 millones de euros en dividendos durante 2010. Y se escuda en el patético argumento de que con ello se intenta pagar una deuda contraída por el Partido Popular. Han tenido siete años para afrontar el problema: ¿se dan cuenta ahora, precisamente cuando la crisis más daño está haciendo a los ciudadanos?

El patético coqueteo de Zapatero en torno a sus planes personales de futuro da pie para pensar que se ha dado cuenta de la magnitud del desastre. En este caso, algunos piensan que tiene dos opciones: dejarlo ya o inmolarse siguiendo con la tarea de realizar el trabajo sucio para ahorrárselo al PP cuando llegue. Las últimas decisiones de Zapatero dan pie para pensar que ha optado por esta segunda vía. Si cree que con ella se ganará el prestigio de estadista, que algunos le prometen, se equivoca. El día en que caiga será el político errático quemado por la crisis que la derecha española derrotó aplastantemente.

Creo que a Zapatero le queda por lo menos una tercera opción: seleccionar alguno de los problemas que más pueden agrandar la fractura social y, por tanto, el bienestar y la convivencia. El primero de todos ellos: el empleo juvenil. Debería ser prioridad nacional absoluta, porque nada daña más a una sociedad que la precariedad de la gente de entre 18 y 30 años. Es un lastre para la capacidad de innovación y de renovación, y es un peligro para la seguridad, algo muy importante de preservar en España, que, a pesar de lo que diga la demagogia de la derecha, es uno de los países más seguros del mundo.

Robert Muchembled, en una investigación sobre la violencia en Europa, afirma que "desde finales de la Edad Media hay una fuerte correlación entre los brotes de violencia juvenil y el mal funcionamiento, por diversas razones, de los procedimientos de gestión del reemplazo generacional". España tiene alguna experiencia de ello en los ochenta. Aquí sí hay un problema para que un Gobierno de izquierdas le dedique toda su energía.