Cuidado con las pensiones

Es evidente que estamos asistiendo a una campaña político-mediática de gran intensidad con el objetivo de deteriorar el sistema público de pensiones para fomentar la privatización parcial o total del mismo. Es fácil deducir que los grandes beneficiarios de esta operación serían los grandes empresarios, que llevan años reclamando la reducción de las cotizaciones sociales, y los sectores financieros, con la banca a la cabeza, que pretenden gestionar los ahorros de los ciudadanos ahora en manos del sector público.

Galicia cuenta con 720.000 pensionistas que representan el 26% de su población y suponen el 8,5% de los jubilados españoles mientras su población supera apenas el 6% de la española. Añadan ustedes a todo ello que la pensión media en Galicia es la más baja de las comunidades autónomas y que Lugo y Ourense ocupan por este concepto los últimos lugares de las provincias españolas y comprenderán sin dificultad que este debate sobre el sistema público de pensiones suscite una grave y justificada preocupación en nuestra tierra.

Los agoreros de la catástrofe ocultan que la pensión contributiva aquí es el 68% de la de la UE-15

Por eso parece inexcusable salir al paso de las falsedades o medias verdades con las que se quiere convencer a la ciudadanía de que las pensiones públicas deben disminuir sus beneficios. Porque es notorio que los profetas que monopolizan el alminar desde donde anuncian a diario la catástrofe que se cierne sobre el sistema público de pensiones, no necesitan que su doctrina se someta a una prueba empírica seria. Lo importante es que haya una doctrina alegable a mano; es esta disponibilidad y no la sustancia lo que importa.

Así nos dicen que la sostenibilidad de las pensiones públicas depende del aumento de la edad de jubilación y del incremento de los años de cotización. Es decir, trabajar más y cobrar menos, como proclamaba el inefable Díaz Ferrán de triste recuerdo. Para avalar tales posturas, la ministra de Economía aportaba hace unas semanas datos en los que comparaba el gasto actual con el de hace algunos años. Naturalmente, la diferencia era importante. Pero, casualmente, la ministra se olvidó de decirnos cuánto había crecido la riqueza del país en ese mismo periodo. Y esa era la relación verdaderamente relevante para saber si podemos o no mantener el gasto en pensiones.

La ministra y los portavoces de la privatización ocultaron también que desde hace muchos años, y pese a la evolución demográfica, la relación entre cotizantes y beneficiarios de la Seguridad Social ha aumentado y que las cotizaciones han superado con mucho el gasto en pensiones contributivas. Por eso el Fondo de Reserva cuenta hoy con más de 65.000 millones de euros. Y se olvidaron, asimismo, de decirnos que el incremento de la productividad con aumento de salarios y de cotizaciones sociales posibilita que un número menor de cotizantes mantengan al mismo número, o incluso mayor, de beneficiarios.

Con la misma falta de rigor, los detractores del sistema público argumentan que no solo aumenta cada año el número de pensionistas, sino que estos, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, disfrutan más años de los beneficios de la pensión, haciendo insoportable el gasto público. Tales voceros del catastrofismo confunden, supongo que deliberadamente y no por ignorancia, esperanza de vida con longevidad. Es evidente que la esperanza de vida en nuestro país ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas como consecuencia de la disminución drástica de la mortalidad, especialmente de la mortalidad infantil. Pero es también incuestionable que la longevidad de nuestros ancianos no ha crecido, ni mucho menos, en la misma proporción.

Por supuesto, el Gobierno, la banca, los empresarios y los agoreros de la catástrofe ocultan celosamente que la pensión contributiva en España es el 68% de la pensión media contributiva en la UE-15, mientras que nuestro PIB es ya el 93% del promedio de dichos países. Y, desde luego, no dicen una sola palabra de lo que significa para el equilibrio del sistema la economía sumergida en nuestro país, que no genera cotizaciones sociales y, por tanto, no contribuye al mantenimiento del sistema público. Tampoco explican por qué se siguen permitiendo las jubilaciones anticipadas, que utilizan los empresarios para aligerar plantillas a costa del gasto en pensiones.

En definitiva, resulta incomprensible que un Gobierno socialista sitúe el aumento de la edad de jubilación como la variable principal de la viabilidad de las pensiones públicas, cuando es claro que ésta depende fundamentalmente de otros factores tales como el crecimiento del PIB, la productividad, la tasa de actividad, el ciclo económico, los salarios, la economía sumergida o la tasa de natalidad. Incomprensible, pero cierto. Por eso no debe extrañar que el Gobierno reciba una contundente respuesta.