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La ley de cajas se cambiará por decreto

Populares e Izquierda Unida se oponen y quieren negociar la norma

La ley andaluza de cajas de ahorros se modificó en octubre de 2009 a toda prisa mediante decreto cuando Unicaja y Cajasur entablaron negociaciones para su fusión. La modificación se hizo para dar cobertura a esta integración financiera, frustrada al final por la decisión de los canónigos del Cabildo Catedralicio de Córdoba de pedir la intervención del Banco de España.

El cambio que se hizo entonces contemplaba además una serie de novedades como la de los Sistemas de Protección Institucional (SIP) o fusión fría, opción elegida por la mayoría de las entidades financieras para cubrirse las espaldas y optar a las ayudas públicas. Tras esta reforma, el Gobierno central, sin consultar con las comunidades autónomas, modificó la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca), que obliga a su vez a cambiar otra vez la normativa autonómica.

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En Andalucía ya no hay las prisas de antes para la adaptación, toda vez que como única caja de ahorros netamente andaluza solo queda, por ahora, Unicaja. Cajasur ya no existe, CajaGranada optó por unirse al proyecto de Mare Nostrum y Cajasol ha preferido sumarse al de Banca Cívica.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, dijo ayer que según los servicios jurídicos de la Junta, el plazo de adaptación acaba el 24 de marzo y no el del 13 de enero, ya que la Lorca "sufrió modificaciones sustantivas" en el Senado durante la tramitación de la ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo.

Ávila dijo que la nueva reforma se hará "previsiblemente" mediante decreto ley a lo que opone frontalmente Izquierda Unida. Tampoco el Partido Popular lo ve bien. Esta vía, según el consejero, "no es incompatible" con el consenso con los grupos parlamentarios de la oposición, a los que ha recriminó que no hayan presentado sus propuestas pese a sus reiteradas peticiones en la Cámara.

El consejero apeló a la prudencia para seguir las adaptaciones de la norma de cajas que se están haciendo en otras comunidades autónomas. Cinco de ellas ya lo han hecho. Se trata de Extremadura, Cantabria, Asturias, Cataluña y La Rioja.

Por otro lado, Ávila dio cuenta del decreto ley de medidas para potenciar inversiones empresariales en Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas.

Esta norma incluye como principales novedades la reducción a la mitad de los trámites administrativos en grandes proyectos de interés estratégico y el establecimiento de fórmulas para que las pymes puedan iniciar sus actividades sin esperar a la autorización de la Administración mediante la declaración responsable y la comunicación previa, informa Efe.

Otro de los acuerdos adoptados ayer por el Consejo de Gobierno es una inversión de 24 millones para obras de restauración, corrección y adecuación de cauces de ríos y arroyos en más de 500 puntos de la geografía andaluza.

Las inversiones aprobadas se distribuyen de manera equitativa entre las ocho provincias andaluzas, de tal modo que en cada una de ellas se llevarán a cabo labores cuantificadas en aproximadamente tres millones de euros.

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