La Guardia Civil no detecta actividad delictiva en las cuentas de Garzón

La investigación de las cuentas bancarias del juez Baltasar Garzón, encargada por el instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena a la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, ha resultado negativa, pero ha cumplido el objetivo de poner en manos de los dos abogados que acusan al juez los datos sobre su patrimonio, que no solo podrán airear públicamente sino que les permitirán solicitar nuevas diligencias y mantener la causa contra Garzón abierta indefinidamente.

El informe encargado por el instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena señala que no se ha encontrado ninguna relación de las cuentas bancarias de Garzón con los honorarios cobrados en la Universidad de Nueva York, según fuentes de la defensa del magistrado.

Garzón cobró sus honorarios a través de una cuenta del Citibank de Nueva York, un dato que ya conocía el instructor Marchena por haberlo puesto en su conocimiento el propio Garzón. Es más, en su último auto, Marchena ordena pedir, a instancias del propio Garzón, todos los movimientos de la cuenta a través de una comisión rogatoria internacional.

El informe de la Guardia Civil tampoco encuentra nada delictivo en las declaraciones tributarias de Garzón, según las mismas fuentes. Incluso se precisa que el juez declara más ingresos de los que aparecen reflejados en las cuentas bancarias. Según las fuentes de la defensa, eso se debe a que Garzón declara ingresos obtenidos por conferencias que a veces le retribuyen mediante cheque bancario.

En suma, el informe resulta "abiertamente negativo" para lo que Marchena iba buscando, pero de lo que se queja la defensa es de que el informe refleja de paso el patrimonio del juez, que la acusación puede utilizar mediáticamente contra él por motivos extraprocesales.

Además, según denunció el propio Garzón en una entrevista en CNN+ la noche del jueves, la investigación se ha ha extendido a las cuentas de su mujer sin su conocimiento, cuando el matrimonio mantiene régimen de separación de bienes, e incluso se ha informado sobre la empresa de una hija suya montada en febrero de este mismo año.

En su última resolución, Marchena sigue la misma línea que mantiene la Sala Penal y ha rechazado la principal prueba reclamada por Garzón: una comisión rogatoria a Nueva York que recabe de la Universidad todas sus nóminas y que pueda interrogar a las autoridades académicas de la Universidad. Marchena lo deniega con un argumento cuando menos pintoresco: las autoridades académicas de la Universidad de Nueva York expiden certificados "al dictado" de Garzón y sus requerimientos solo serían atendidos si cuentan con el "visto bueno" del juez investigado.