El Consell cobra en impuestos 132 millones de forma irregular

Las arcas de la Generalitat están exhaustas, pero lo importante es presentar una foto que ofrezca una caja medio llena. Según técnicos de la Generalitat, la Consejería de Hacienda ha hinchado sus ingresos derivados de los impuestos que gravan las transmisiones patrimoniales y las sucesiones y donaciones en 132 millones de euros durante los 11 primeros meses de 2010 a través de revisiones al alza de las liquidaciones que han presentado los particulares. La Consejería de Hacienda no ha querido ofrecer ninguna versión oficial ni comentario al respecto.

Las revisiones al alza se practican de forma sistemática desde hace más de una década, pero desde 2001, miles de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han anulado esas revisiones, han fallado a favor de los particulares que han recurrido a los tribunales y han obligado a la Generalitat a devolver con creces un ingreso irregular. Solo en costas, el procedimiento le ha supuesto a la Generalitat una factura de 10 millones de euros.

Hacienda asume que solo recurren una mínima parte de los afectados

Varios magistrados han señalado la "práctica viciosa" de la Generalitat

El argumento jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ es siempre el mismo. Los jueces consideran que Hacienda liquida mal y a su favor el impuesto sobre transmisiones patrimoniales porque estima de forma genérica una revisión al alza de los valores catastrales sin ninguna motivación que sustente la razón de sus cálculos. No ofrece el informe específico de ningún perito como es habitual a la hora de estimar el valor real de un inmueble.

Los notarios de toda la Comunidad Valenciana reciben cada año unas instrucciones de la Consejería de Hacienda sobre la estimación correcta de los valores catastrales en cada localidad o zona. Las operaciones que se ajustan a las instrucciones de Hacienda no son revisadas. Las que se cierran por debajo de esos valores, se revisan. Al alza en su inmensa mayoría, hasta en un 70% de los casos, según técnicos de la Generalitat.

Tales ingresos alivian la caja de forma ficticia. Cuando los tribunales dictan sentencia, la factura se dispara. Pero no todos recurren. Los que pagan son los que no saben o no pueden recurrir.La Consejería de Hacienda asume que los valores catastrales de las viviendas, inmuebles y terrenos están desfasados en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Por esa razón, solicita a los notarios que multipliquen esos valores catastrales para adaptarlos a la realidad. Los coeficientes varían. En Burjassot, por ejemplo, los valores catastrales se deben multiplicar por tres. El propietario de una plaza de garaje que tiene un valor catastral de 1.800 euros no debe venderla por un valor inferior a 5.400 euros. De hecho, es difícil comprar una plaza de garaje en Burjassot por menos de 6.000 euros. Pero las razones de cada particular para vender sus propiedades son muy diversas. En ocasiones, la urgencia por obtener algún dinero desborda cualquier consideración de mercado.

Un notario alude a las instrucciones de la Generalitat como una suerte de acuerdo social porque, efectivamente, los valores catastrales no guardan relación con los valores de mercado. Pero concede que la crisis provoca distorsiones y que las revisiones al alza de la Generalitat las pagan los que menos recursos tienen y carecen de medios para pagar a un abogado y un procurador.

La Generalitat grava las operaciones de compra y venta de inmuebles o las sucesiones o donaciones de propiedades con una tasa en torno al 7%. Si las ventas se cierran por debajo de los precios que estima la Consejería de Hacienda, se revisan al alza. El pellizco que ha revisado Hacienda durante los primeros 11 meses del año, 132 millones, representa el 18% de los ingresos totales previstos para el conjunto del ejercicio, una cantidad cifrada en 730 millones.

Hasta noviembre, se habían cerrado en toda la Comunidad Valenciana 22.800 liquidaciones tributarias correspondientes a otras tantas operaciones de transmisión patrimonial, sucesiones o donaciones.

Hacienda asegura que ha modificado los criterios para la revisión de las liquidaciones para "reducir la litigiosidad". Pero las nuevas normas de tasación del valor de los inmuebles o fincas, accesibles en la página web de la consejería, son tan abstrusas que resultan apenas inteligibles para los profesionales. Y en ningún caso garantizan la consideración específica de cada inmueble o propiedad, tal como exigen los tribunales.

Una nota oficial de la Consejería de Hacienda admite que "solo una mínima parte de los contribuyentes sujetos al pago de estos impuestos ha recurrido ante el TSJ los informes hechos en base al modelo anterior". Es decir, que la práctica resulta rentable para la Generalitat.

Efectivamente, apenas se han acumulado 8.000 sentencias condenatorias contra la Generalitat desde 2001. Tantas que varios de los magistrados del TSJ han llegado a plantearse la posibilidad de iniciar actuaciones por prevaricación contra la Generalitat por persistir en "una práctica viciosa". La fórmula jurídica para condenar de forma sistemática a la Generalitat por las revisiones al alza es la denominada "extensión de sentencia", de modo que cada recurso se considera cosa ya juzgada. Pero muy pocas si se comparan con las 22.800 liquidaciones practicadas hasta noviembre de 2010. La primera sentencia condenatoria contra la Generalitat se remonta a 2001. Desde entonces, la compra y venta de inmuebles en la Comunidad Valenciana se ha disparado al mismo ritmo que se hinchaba la burbuja inmobiliaria.

La Consejería de Hacienda también subraya que desde que aplica las nuevas normas "el nuevo modelo no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de los tribunales". No ha habido tiempo.