Marbella ingresa dos millones por las primeras 316 casas legalizadas
Solo 20 promotores se han acogido al plazo voluntario para la regularización
La regularización de las primeras 316 viviendas acogidas al sistema de compensaciones diseñado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella para restituir el orden jurídico ha permitido al Consistorio ingresar algo más de dos millones de euros en metálico y más de 6.500 metros cuadrados de suelo que empleará en la promoción de 19 VPO y para zona verde.
En el último mes el Consistorio ha aprobado la adaptación al plan de las tres primeras urbanizaciones que de momento estaban fuera de ordenación a petición de los promotores. Hasta el momento, 20 promotores han respondido al plazo voluntario de un año otorgado para acogerse a la normalización. A partir de mayo de 2011, será ya el Ayuntamiento el que tendrá que tomar la iniciativa para forzar a los promotores a cumplir con el plan de normalización.
El PGOU de Marbella aprobado definitivamente el pasado enero contempla un proceso de normalización mediante compensaciones al que pueden acogerse 16.500 viviendas construidas en contra del planeamiento urbanístico durante los 15 años de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL). Solo 1.500 casas serán imposibles de legalizar al resultar incompatibles con el modelo, por ocupar espacio de sistemas generales en la fachada litoral que es irrecuperable o no compensable.
El procedimiento resulta "muy complejo", según admite el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, que augura además que será "muy largo", porque hay que pactar caso a caso las compensaciones y determinarlas a partir de los criterios que orienta el PGOU en función de la infracción. Ya ha sido complicado pactar las tres primeras legalizaciones con promotores que voluntariamente estaban dispuestos a cumplir, y apenas suman el 2% de las viviendas a legalizar. Además, hay muchos promotores que no aceptan el sistema y no están dispuestos a afrontar compensaciones, casos en el que habría que discutir la responsabilidad de los propietarios de las viviendas.
Moro admite que la crisis económica dificulta además la disponibilidad de muchas empresas para hacer frente a las compensaciones, y que la situación requiere cierta flexibilidad. "Es complicado aplicar el sistema con todo el rigor y hay que buscar fórmulas que permitan cerrar el proceso para los casos en los que no se pueda hacer frente a pagos económicos con suelos, edificios y otro tipo de prestaciones", explica el concejal.
La normalización de Santa María Green Hills, un edificio de 192 casas con exceso de edificabilidad, compensa con 566.00 euros y obras de refuerzo y mejora de un vial. El conjunto de 35 casas adosadas de El Palmeral paga 783.525 euros porque nunca abonó derechos de aprovechamientos y entrega sendas parcelas de 3.000 metros cuadrados donde se construirán 19 VPO y de 3.500 para zona verde, además de acondicionar unos viales.
Y una promoción de 89 casas en Nueva Andalucía compensa con 712.270 euros, 12.001 metros cuadrados para espacio libre y la ejecución de obras previo depósito de 250.000 euros de garantía.
900 sentencias a ejecutar
El elemento más complejo del proceso de normalización urbanística en Marbella es la decisión sobre aquellas viviendas que el nuevo planeamiento sí admite siempre sin eximirlas de unas compensaciones, y sobre las que se han emitido sentencias judiciales de anulación de las licencias, algunas de las cuales emplazan a la demolición.
El panorama es un enorme jeroglífico, porque la casuística es muy variada, y entran en colisión intereses de colectivos ciudadanos. El Ayuntamiento, que tiene constancia de unas 900 sentencias sobre viviendas que el nuevo planeamiento admite, va a enviar a cada uno de los tribunales una petición para que la ejecución de la sentencia no sea la demolición. Para ello el Consistorio ha elaborado un informe jurídico que recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la legalización posterior vía planeamiento de construcciones sentenciadas ilegales, siempre que se acredite que hay un procedimiento -el sistema de normalización en este caso- y no es una solución arbitraria ex profeso. La Audiencia de Málaga recientemente corrigió una sentencia de un juzgado al decidir que no había lugar a demoler una casa construida sin licencia pese a ilegalizarla y condenar a prisión a su constructor, porque el planeamiento podía legalizarla.
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